Mesías Mestanza Solano
Uno de los derechos de protección con rango constitucional es la tutela judicial efectiva, de cuya importancia, la doctrina se ha encargado de explicarnos, sosteniendo que es el derecho que tienen las personas para recurrir al órgano jurisdiccional para obtener una respuesta legal y constitucional a sus pretensiones.
Para cumplir su cometido, la tutela judicial efectiva se nutre del derecho a la defensa y del acceso gratuito a la justicia, siguiendo el trámite establecido en el ordenamiento jurídico para cada reclamación; esto es, aplicando el debido proceso, en el que el principio de igualdad debe ser el denominador común, ya que solo así se garantizará la seguridad jurídica.
El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, para que la vida, la integridad, el honor y el patrimonio estén salvaguardados, y de esta manera, se contribuya a una convivencia pacífica entre ciudadanos.
Parte fundamental de la tutela judicial es la inmediación o presencia de los sujetos procesales, testigos, peritos frente al juzgador, donde se judicializan las pruebas que servirán para dictar el fallo. De vital importancia es también la celeridad de la justicia, porque si ésta es tardía, pierde validez, ya que los litigantes han agotado su tiempo, sus energías y su dinero, además de que en muchas ocasiones han abandonado sus causas precisamente por demora judicial. Consecuentemente, la justicia tiene que ser rápida y oportuna, a efecto de que los justiciables tengan su respuesta fundamentada en una sentencia debidamente motivada bajo los principios de razonabilidad, comprensibilidad y lógica, expresados por la Corte Constitucional.
En todo caso, para el ejercicio de la tutela judicial efectiva en materia penal, se necesita un trabajo oportuno de la policía y fiscalía; sin su contingente, las juezas y jueces nada podrán hacer, y en cambio, resultarán crucificados por las redes sociales. Parte fundamental de la tutela judicial es el respeto al debido proceso.