Walter Solís pide levantar orden de prisión para rendir declaración

FUNCIONARIO. Solís fue ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Rafael Correa.
FUNCIONARIO. Solís fue ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Rafael Correa.

GUAYAQUIL

El exmnistro de Obras Públicas, Walter Solís, demandó ayer garantías para presentarse a rendir su versión ante la agente fiscal Diana Salazar, dentro del caso de sobornos a funcionarios por parte de la empresa Odebrecht.

“El ingeniero Walter Solís Valarezo, enfática y terminantemente manifiesta que quiere comparecer a declarar ante la señorita fiscal Diana Salazar Méndez, pero existe fuerza mayor o caso fortuito, consagrado en el artículo 30 del Código Civil, que señala que caso fortuito o fuerza mayor, es el imprevisto que no es posible resistir, como los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, en este caso la orden de detención para fines de investigación que ha sido dictada en mi contra, que es inconstitucional e ilegal y me imposibilita comparecer a rendir mi versión libre y sin juramento”, destaca Solís a través de una comunicación difundida ayer por su abogado Gutemberth Vera.

‘Es una trampa’
En la misiva, la defensa sostiene que una orden de detención para fines investigativos no puede durar más de 24 horas, según la Constitución.

“Esta fue dictada el 5 de junio del 2017 y aún hasta la presente se mantiene vigente, habiendo transcurrido desde entonces 76 días, convirtiéndose esta ilegal y absurda orden detención en contra de Solís en una cadena perpetua. Quien viola las disposiciones constitucionales, por ironía, es el juez garantista de derechos, el señor Juez de la Corte Nacional, Luis Enríquez, por lo que llamarlo a declarar es una emboscada, una trampa y un acto de cobardía que solo persigue dañar su imagen frente a la opinión pública”, remarca Vera.

Derecho a la libertad
Insistió en que su defendido sí quiere comparecer a declarar, pero como lo establece el ordenamiento jurídico, en su legítimo ejercicio del derecho a la libertad esto es sin que pese en su contra una dolosa, malintencionada y proterva orden de detención que, de acuerdo con la Constitución vigente no puede durar más de 24 horas, pero en su caso ha durado 76 días. (DAB)