Una ley busca eliminar la ‘puerta giratoria’ entre sector público y privado

PROPUESTA. El vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, presentó el proyecto de ley.
PROPUESTA. El vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, presentó el proyecto de ley.

Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Asamblea con el fin de prevenir los conflictos de interés en el sector público. Uno de sus objetivos es eliminar la denominada ‘puerta giratoria’, que se produce cuando un servidor público pasa al sector privado o viceversa, obteniendo beneficios por su anterior cargo.

El proyecto de 21 artículos, plantea limitar el ejercicio de actividades privadas gratuitas o remuneradas después del servicio público, durante los dos años siguientes a la fecha de la terminación de su cargo, en entidades que hayan resultado beneficiadas por decisiones que los funcionarios hayan tomado.

La propuesta fue ingresada por el primer vicepresidente, César Solórzano, y elaborada junto con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Otros de sus fines es transparentar las agendas de trabajo y reuniones de servidores públicos de alto nivel; crear cuatro registros de gestores de intereses, regalos, viajes y gestiones de interés, y establecer sanciones administrativas o penales en caso de incumplimiento. Además, obligaría al servidor público a abstenerse de tomar una decisión, cuando exista un conflicto de interés.

Lucha anticorrupción
“Este proyecto de ley nos ayudará en la lucha contra la corrupción”, señaló Solórzano, quien recordó que, por ejemplo, quienes están a cargo de la asignación de contratos, después pasan al sector privado que beneficiaron. “Buscamos que el país conozca qué es lo que hace un ministro, con quién se reúne, qué regalos recibe, a dónde viaja, quién paga los viajes. Con eso podemos saber dónde puede haber un conflicto de interés entre el sector público y privado”.

Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación, señaló que no se trata de una propuesta populista, sino de “establecer mecanismos reales y eficientes de la prevención y sanción de la corrupción”. (AGO)