En sociedades como la ecuatoriana, las posibilidades respecto a mejorar la condición económica y social son limitadas y demandan mucho tiempo. Según el Índice de Movilidad Social, elaborado, por el Foro Económico Mundial, el país se ubica en el puesto 57 dentro de 82 naciones analizadas a nivel global.
Esto quiere decir que para que una familia pobre alcance el nivel medio de bienestar e ingresos se necesitan, al menos, nueve generaciones; es decir, alrededor de 225 años. En oposición, por ejemplo, en Dinamarca, el mejor ubicado en el ranking, requiere dos.
El Dato
La baja movilidad social cuesta anualmente el 1% del Producto Interno Bruto; es decir, más de $1.000 millones.
En la región, solo tres países están en el top 50, que quiere decir que el ascenso social toma entre cuatro y seis generaciones: Uruguay (en el puesto 35), Costa Rica (44) y Chile (47).
La situación
La metodología aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) determina que se considera pobre a quien tiene un ingreso menor a $84,82 al mes. Por su parte, la extrema pobreza está vinculada a un ingreso inferior a $47,8. El 25 % de la población está registrada como pobre; es decir, 4,3 millones de personas. Los extremadamente pobres totalizan 1,5 millones, o el 8,9 % de los ecuatorianos.
El ingreso medio, que incluye tanto empleo formal como informal, es de $526 mensuales. Esto se ubica entre 6 y 11 veces por encima de las posibilidades de las familias con menos recursos.
$84,82
o menos es el ingreso de los pobres. El abismo existente, de acuerdo con Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, se puede visualizar mejor con un ejercicio simple de proyección. Solo luego de 45 años, el ingreso mensual de una persona pobre podría igualar el actual ingreso medio. Sin embargo, en ese lapso, el ingreso ya no sería el mismo, y habría subido a $2.920, con lo que las diferencias se mantienen.
Las posibilidades de movilidad social, además de en un aumento sostenible de los recursos que reciben las familias, se sustentan en el mejoramiento del acceso a los servicios y cobertura de la salud; la reducción de los embarazos de adolescentes y la desnutrición infantil; y el acceso equitativo a una educación de calidad. (JS)