El presidente, Lenín Moreno, convocó, por decreto, el 2 de octubre, a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre siete preguntas: la ‘muerte civil’ para los servidores públicos declarados culpables de hechos de corrupción, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, la prohibición de la reelección indefinida, la cesación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la derogación de la Ley de Plusvalía, la explotación petrolera en el Yasuní y la explotación minera.
El pedido de consulta, que bloquea la posibilidad de que Rafael Correa pueda volver a ser candidato presidencial, fue remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. Sin embargo, como el organismo no se pronunció en los plazos previstos, el Ejecutivo envió directamente los decretos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que cumpla con el trámite.
A esa fecha, el CNE se había reestructurado. Con la renuncia de Juan Pablo Pozo a su calidad de consejero y presidente del organismo electoral, fue elegida como su reemplazo Nubia Villacís.
El Consejo convocó para el 4 de febrero a la consulta y priorizó la calificación de organizaciones. (HCR)