Redacción QUITO
El Tribunal Provincial de Pichincha ratificó la validez legal de Protocolo Especial emitido por la Cancillería ecuatoriana en octubre pasado para regular la convivencia en la Embajada de Ecuador en Londres, a propósito de asilo diplomático otorgado al señor Julian Assange, quien está alojado por más del seis años y medio en esa oficina diplomática.
Al rechazar la apelación interpuesta por la defensa del señor Assange, el Tribunal consideró que la Acción de Protección de los abogados del asilado “no procede en virtud de que no se ha violado ningún derecho constitucional”.
La decisión, adoptada en segunda y definitiva instancia por la Justicia ecuatoriana, pone una vez más de manifiesto que la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores al adoptar el Protocolo Especial se ha ceñido a la Constitución y las leyes del país, según corresponde.
El asilo que Ecuador otorgó al señor Assange es una prerrogativa soberana del país, al tenor de lo que establecen las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático. Así como el Estado ha cumplido con sus responsabilidades según dichas convenciones –mantener a Assange en la Embajada le ha costado más de 6 millones de dólares al país- el asilado también tiene obligaciones que cumplir y que deberá respetar escrupulosamente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que todas las acciones del Estado ecuatoriano sobre el caso Assange continuarán desarrollándose con apego al derecho internacional y a la legislación nacional, y que Ecuador solo tratará sustantivamente sobre el tema con las autoridades británicas y los abogados del asilado.