SRI ha detectado 860 empresas fantasmas que operan con facturas falsas

EVASIÓN. El uso de documentos de facturación falsos ha perjudicado al país en millones de dólares.
EVASIÓN. El uso de documentos de facturación falsos ha perjudicado al país en millones de dólares.

Hay 1.360 denuncias penales. El perjuicio al Fisco, solo entre 2013 y 2015, llegaría a los 3.000 millones.

Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), señaló que, dentro de las competencias de esa institución, se han venido realizando controles continuos que han dado como resultado que se hayan detectado 860 empresas fantasmas en todo el país.

“En el caso de las empresas fantasmas, lo que hacemos es identificar aquellas que fueron creadas para que sus clientes relacionados adquieran facturas falsas. Con estas facturas se pueden sustentar gastos inexistentes, bajar la base imponible, pagar menos impuestos o no pagar”, dijo la funcionaria.

Además, Andrade recalcó que el control permanente del SRI no se hace por una denuncia de prensa, “eso es un insumo, un proceso de control mínimo puede durar seis meses y una auditoría por lo menos un año”, acotó.

Perjuicio al Estado
Como resultado de las acciones del SRI, hasta la fecha hay 1.360 denuncias penales, relacionadas con las mencionadas empresas fantasmas o facturas falsas para evadir impuestos.

El perjuicio al Fisco, por impuestos no recaudados, en el periodo que ha sido revisado por el SRI; es decir, de 2013 a 2015, alcanzaría entre los 2.500 a 3.000 millones de dólares. Eso significa una defraudación de, en promedio, 1.000 millones al año.

Un grave problema
Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario, comentó que este es un fenómeno mucho más grande de lo que se ha podido detectar hasta al momento, y que, si no se actúa con más firmeza y eficacia, tiene el potencial de corromper a todo el sistema empresarial y público del país.

EL DATO
La defraudación por empresas fantasmas y facturas falsas, podría promediar los 1.000 millones de dólares anuales.“El SRI está haciendo un buen trabajo de control posterior, pero con las herramientas tecnológicas con las que se cuenta ahora, el control debería ser preventivo. La mayoría de empresas factura electrónicamente en estos días, la autoridad tributaria puede monitorear con mucha más rapidez los mecanismos de defraudación”, contó.

En otras palabras, y a criterio de Verónica Muñoz, auditora y experta tributaria, el SRI debe mejorar su gestión tributaria, con lo que, sin necesidad de aumento de impuestos o tasas, por ejemplo, se podría llegar a las metas de recaudación establecidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), e incluso cumplir con los ingresos tributarios de 15.200 millones presupuestados para 2019.

EL DATO
Según el último informe de la Cepal, la evasión y defraudación tributaria en Ecuador, por varios mecanismos, podría llegar hasta el 4% del PIB, o sea, 4.000 millones de dólares.Solo en 2015, el último año revisado por el SRI, la defraudación por impuesto a la renta por medio de facturas falsas habría superado los 250 millones; mientras que por IVA, la suma sería mayor a los 150 millones.

Por su parte, Santamaría recordó que, en la Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto de 2018, ya se amplió el campo de acción de control del SRI en caso de mecanismo de facturación falsa. “Antes, frente a la presunción de mecanismos de defraudación, las autoridades tributarias podían revisar facturas y cuentas de hasta tres años posteriores, ahora esa revisión se puede ampliar a seis años atrás”, puntualizó. (JS)

Ya se había denunciado
° El 25 de abril pasado, con base en un muestreo que consideró transacciones entre 2012 y 2016, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció la detección de 39 casos de contratación pública con empresas falsas. En esta trama están involucradas 18 instituciones públicas que habrían realizado adquisiciones a 22 empresas fantasmas, produciendo un perjuicio para el país que bordearía los 28,6 millones. Entre las instituciones públicas están el Gobierno Provincial del Guayas; Empresa Eléctrica de Guayaquil, Empresa Vial de los Ríos y varios ministerios y coordinaciones zonales.