Siete años de incumplimiento le dan ‘vida’ a la minería ilegal

IMPACTO. En diferentes comunidades de la zona norte de Esmeraldas, quedan los montones de tierra luego de la búsqueda del oro.
IMPACTO. En diferentes comunidades de la zona norte de Esmeraldas, quedan los montones de tierra luego de la búsqueda del oro.
RIESGO. En el informe que presenta la Pucese se evidencia peces muertos con diferentes mutaciones. Los investigadores la relacionan con la contaminación al río.
RIESGO. En el informe que presenta la Pucese se evidencia peces muertos con diferentes mutaciones. Los investigadores la relacionan con la contaminación al río.
PLANIFICACIÓN. Ayer, en la uno de los salones de la Curia se reunieron representantes de protección de la naturaleza, además, de gente de la Defensoría del Pueblo.
PLANIFICACIÓN. Ayer, en la uno de los salones de la Curia se reunieron representantes de protección de la naturaleza, además, de gente de la Defensoría del Pueblo.
EVIDENCIA. En este cuadro elaborado por la Pucese, se evidencia la cantidad de metales encontrados; los que están con rojo superan ampliamente lo permitido en el agua.
EVIDENCIA. En este cuadro elaborado por la Pucese, se evidencia la cantidad de metales encontrados; los que están con rojo superan ampliamente lo permitido en el agua.

La vida humana está en riesgo en 89 comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte de Esmeraldas. Jurídicamente se reconoció el peligro generado por la minería a cielo abierto, el 24 de marzo de 2011 a través del Juez Sexto de Garantías Penales Multicompetente, quien para proteger a los comuneros emitió siete medidas cautelares (ver recuadro medidas cautelares).

A dos meses de cumplirse siete años de esa decisión, defensores de la naturaleza, la iglesia Católica y la Defensoría Nacional del Pueblo, coinciden en que los entes encargados -ministerios del Ambiente, Salud, de Riegos, Senagua, municipios- de hacer respetar esas disposiciones, no lo han hecho.

Por esa razón quienes están en contra de las acciones mineras ilegales, ayer se auto-convocaron en uno de los salones de la Curia de Esmeraldas, donde hablaron durante un poco más de tres horas, sobre qué hacer para evitar el incremento de la contaminación.

16 tipos de metales

Cuando hablan de aumento no lo dicen al azar, se apoyan en el estudio del agua elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas (Pucese).

“El río Cachaví, en el cantón San Lorenzo, muestra lamentablemente el peor cuadro de calidad de agua de la región, siendo el sector con mayor persistencia de actividades ilegales de minería por más de una década”, precisa el informe entregado en diciembre y socializado ayer con los defensores.

En el texto de unas 100 hojas se incluyen cuadros comparativos de los análisis hechos entre 2011-2012 con los hecho en los últimos tres años; también se adjuntan fotografías de los impactos ambientales que va dejando la minería ilegal, peces con mutaciones y la conclusión de que el aluminio y el hierro -de entre 16- son los dos metales de mayor concentración en los ríos.

Ese informe será una de las herramientas a utilizar para que un Juez admita revisar, nuevamente, el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas en 2011. Esa acción es independiente de la presentada por los ambientalistas ante la Corte Constitucional, del que se espera respuesta.

Deslindan responsabilidad

En caso de ser admitido el pedido en la Corte, la Defensoría del Pueblo hará una nueva intervención, ahora como amicus curiae o amigo de la Corte, lo que les permite como terceros o ajenos al litigio, ofrecer voluntariamente su opinión frente al problema ambiental, del que en realidad no son ajenos, debido a que también están informados desde hace siete años.

Y es que es la Defensoría del Pueblo quien asesoró a ambientalistas para presentar las acción de protección, por lo que deslindan responsabilidad en el incumplimiento y más bien se la endosan a los jueces que no han hecho cumplir lo que ya es Ley. (MGQ)

Medidas cautelares

Ministerio de Recursos no Renovables suspenda provisionalmente cualquier autorización de toda actividad minera Eloy Alfaro y San Lorenzo.

Ministerio del Ambiente, Senagua y SGR, determinar el grado de afectación a los ríos.

Ministerio de Salud Pública, envío de brigadas médicas y presentar informe máximo en 90 días.

Municipios de Eloy Alfaro y San Lorenzo, dotar de agua potable a las comunidades, con apoyo de la Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos

Se ordena la total y absoluta paralización de la actividad minera ilegal (…), para lo cual se oficie al Ministerio del Interior y de Defensa para que procedan con la detención y retención provisional de maquinaria.

Se delega a la Defensoría del Pueblo del Ecuador la supervisión de las medidas cautelares (…) realice cuanta gestión sea necesaria para garantizar la acción.

Disposiciones que deberán ser cumplidas bajo las previsiones de lo dispuesto en el artículo 30 de las Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional.