Redacción QUEVEDO
Ni la Jefatura Política ni la Policía de Migración tienen un saldo migratorio de cuántos ciudadanos extranjeros viven en el cantón de forma ilegal. Las instituciones señalan que la gran mayoría están de paso por lo que no se puede obtener un registro exacto.
Actualmente hay un debate entre el Legislativo y Ejecutivo acerca de la Ley de Movilidad, que dará paso a la deportación de extranjeros que cometan delitos. Hasta marzo, también los ciudadanos venezolanos tienen plazo para legalizarse.
Reacciones
El venezolano Douglas León llegó a Ecuador hace siete meses y se siente un tanto temeroso porque ha escuchado en los medios de comunicación sobre la intensificación en los controles migratorios. Cuenta que conseguir los documentos en su país es mucho más difícil que salir.
“Nuestro presidente (Nicolás Maduro) no les permite a los de migración que agiliten el trámite para los documentos y tener el pasaporte. Sólo lo hacen los que tienen plata”, comentó.
Su compañero de viaje, Leonardo Martínez, tiene 24 años. Él cree que la Ley está bien, pero que ha generado un poco de rechazo o xenobofia por parte de algunos ciudadanos. Hace un llamado a los ecuatorianos porque “no todos somos delincuentes ni asesinos”, comentó.
Opiniones
La abogada Diana Sabando considera que la reforma a Ley de Movilidad es viable y necesaria para disminuir los delitos. Menciona que los controles deben ser aplicados antes del ingreso de los extranjeros para verificar que no tengan antecedentes penales.
“Hay una falta de control en el ingreso de nuestros hermanos venezolanos, si bien es cierto hay personas que están huyendo de un país donde existe miseria y problemas. Pero Ecuador no tiene un manejo correcto de la cantidad de extranjeros que entran de forma ilegal”, comentó.
Por otro lado, el abogado Leo Jiménez, considera que la Ley contiene varios aspectos que son de persecución y dedicatoria en contra de los ciudadanos extranjeros. Afirma que antes de la llegada masiva especialmente de los venezolanos, en el país ha existido un alto índice delincuencial, falta de trabajo y oportunidades.
“Lo único que se trata es de justificar la incapacidad de crear políticas inclusivas y de desarrollo social en el país, a costa de cargarle la culpa al más débil”, agregó.
Con esto concuerda la activista en los derechos humanos, Jeremy Manzo, quien menciona que el Gobierno no está tomando en consideración a las personas que no vienen al país a delinquir sino a buscar nuevas oportunidades. “Se está promoviendo la xenofobia, la Ley debe ser en contra de la delincuencia más no contra la nacionalidad”, comentó. (EHL)