El abogado externo de las Fuerzas Armadas, Patricio Romero, se mostrextrado por la instrucci fiscal iniciada por el Ministerio Plico de Pichincha por el tema de los reaseguros de las aeronaves de las tres ramas militares, en la que incluso se pide orden de prisi preventiva de los implicados.
Los acusados son los ex jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, generales Roberto Moya y Marcelo Moscoso; vicealmirante Edgar Guerra y el mayor Byron Baca, todos miembros de la comisi que viaja Londres para contratar los reaseguros con la firma Heat Lambert. La instrucci se extiende adem para el representante de esta empresa en nuestro pa, Francisco Rivadeneira.
Romero dice no entender esta acci fiscal, ya que en el proceso que esten la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito, consta un oficio de la ministra Fiscal Mariana Yez, en el que sela que no actuaren este caso hasta que el juez de cuentas (Contralor) se haya pronunciado con los resultados del informe del examen especial.
El jurista sela que en vista del derecho que les asiste, presentaron en la Contralor General del Estado una serie de observaciones al informe borrador sobre el tema reaseguros de las aeronaves de las FF.AA., lo cual quiere decir que no hay ning pronunciamiento en firme sobre el particular.
Pese a eso el fiscal de Pichincha Jorge German dicta la instrucci fiscal. O yo estoy loco y no entiendo, o soy pimo abogado o en su defecto algo estpasando en el pa, agrega Romero, al tiempo de insistir que no entiende por qula ministra Mariana Yez no ordena German que espere el pronunciamiento de la Contralor General del Estado.
Romero Barberis expresa que independientemente de las observaciones que formulal informe borrador, y sus clientes sabr acatar como manda la ley, el pronunciamiento del juez de cuentas, que puede ser absolutorio o en su defecto estableciendo responsabilidades de carter civil o administrativo, o la presunci de responsabilidad penal.
Si nada de esto esten firme, mal hace el Ministerio Plico en emitir una instrucci, fundamentdose ica y exclusivamente sobre un informe del Congreso Nacional.
Deviene conflicto de competencia
En otro orden de cosas, el abogado sostiene que el presidente de la Corte Superior de Quito no es el juez competente para conocer y juzgar este tema, por ello debe inhibirse y remitir el proceso a la Corte de Justicia Militar.
Es m, sela que como ocurrien el tema de los viicos utilizados para el viaje a Londres, precisamente para contratar estos reaseguros, en caso de presentarse un conflicto de competencia, la Sala de la Corte Suprema que le corresponda conocer el asunto, deberceder la competencia a la justicia militar.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, Fabi Jaramillo, despu de haber recibido la instrucci penal, oficial Ministerio de Defensa para que certifique los grados militaro, a fin de asegurarse la competencia.
Ya existe precedente
En el conflicto de competencia que se generentre la justicia militar y la ordinaria, para juzgar el tema de los viicos utilizados para el viaje a Londres-Inglaterra, para la contrataci de los reaseguros, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se declarincompetente para dirimir este conflicto y con este pronunciamiento el juicio pasa la Corte Militar.
La defensa de los militares espera que ocurra lo mismo en este tema (reaseguros), porque adem es un asunto que se relaciona con los viicos.
Pero, seg el Art. 19 de la Ley de Casaci, un pronunciamiento de una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia no necesariamente constituye un precedente, y m bien puede ser modificado en caso de que se haya presentado alguna omisi o error voluntario o involuntario.
«…la triple reiteraci de un fallo de casaci constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretaci y aplicaci de las leyes, excepto para la propia Corte Suprema de Justicia», se dice en el citado artulo.
Las denuncias
Las supuestas irregularidades en la compra de reaseguros militares fueron denunciadas por el capit Rogelio Viteri, agregado militar del Ecuador en Londres.
El denunciante fue puesto varias veces bajo arresto por las autoridades superiores del mando militar, el motivo fue haber hecho declaraciones a la prensa.