Un secuestro que terminó con la muerte de Wílber Rúa Bone, morador de la parroquia Tachina, quien fue hallado enterrado en la playa de Rocafuerte, cantón Rioverde, luego de las declaraciones de dos de sus presuntos asesinos, causa controversia, porque un juez penal de Esmeraldas dispuso la inmediata libertad de los apresados.
En el resumen del proceso 08282201800975, por la presunta infracción de secuestro extorsivo que fue realizada el 10 de junio de 2018, el juez argumenta que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.
Prosigue que con la declaración dada por parte de los acusados al agente de Policía, se están auto incriminando y que no estuvieron asistidos por un abogado y su interrogatorio o declaración inicial fue en el lugar donde que se produjo la detención.
Pide investigación
“Por estas consideraciones, al haberse violentado los derechos de los ciudadano acusados y por no haberse dado cumplimento a la norma constitucional, se dispone la libertad”, según la resolución del Juez.
Además, el juez ofició al Comandante de la Policía para que haga la investigación correspondiente por lo que califica como “mala actuación de los miembros de la Policía que participaron en el operativo de detención de las dos personas acusadas”.
En la Policía afirman que darán su pronunciamiento en los próximos días, mientras que en la familia hay hermetismo y entre quienes conocen de la resolución del juez existe indignación, porque con seguridad los presuntos asesinos ya se habrán puesto a buen recaudo.
Los profesionales del derecho en libre ejercicio tampoco quieren pronunciarse hasta conocer y revisar el proceso y por qué el juez dejó en libertad a esas personas, que cuando estaban en la audiencia no tenían dinero para pagar un abogado particular.
¿Derechos de la víctima?
“Si el juez tuvo razón en dejarlos libres basado en la Constitución, me pregunto dónde quedan los derechos humanos de la persona que fue secuestrada y asesinada; de ser así, creo que se deben cambiar las leyes en este país”, comentó Rosa Arroyo, maestra de profesión.
En la Delegación Provincial del Consejo Nacional de Judicatura (CNJ) hasta ayer no se había presentado ninguna queja contra el juez penal, ni se actuó de oficio para llamar la atención al funcionario, porque, según se supo, actuó de acuerdo a Derecho y a lo que manda la Constitución. (FHI)
El página WEB
En página web de la Función Judicial está colgada el acta de la resolución y, según se puede leer, el juez se inhibe de tramitar la causa, “porque el procedimiento de la detención es ilegal por no haberse dado cumplimiento a la norma constitucional”.
Actúa según Art. 129, numerales 2 y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial y el juez dispone que se remita todo lo actuado a Fiscalía Provincial, a fin de que siga conociendo la presente causa y se pronuncie en lo que en derecho corresponda. (DLH)