“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos (GIEI) publicó un contundente informe que concluye que funcionarios nicaragüenses cometieron crímenes internacionales, incluyendo tortura y crímenes de lesa humanidad”, con esa frase José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch, señala que el régimen de impunidad de las autoridades de Nicaragua pronto llegará a su fin.
Dicho informe es apoyado por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, quienes piden investigar al Gobierno del presidente Daniel Ortega por crímenes ‘de lesa humanidad’.
“Respaldamos totalmente el informe del GIEI, y agradecemos a sus miembros, así como al equipo del Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por su trabajo, que ha permitido tener información de primera mano sobre las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado”, divulgó el Comité, en un pronunciamiento.
Los familiares de los reos, unos 674, según el Comité, o 273 conforme a la cifra del Gobierno, agregaron que el informe que el GIEI presentó el viernes en Washington “será una ruta fundamental para obtener justicia, con verdad, castigo a culpables, reparación y garantías de no repetición”.
Más reacciones
El obispo de la arquidiócesis de Managua, Silvio Baéz, afirmó que un Gobierno no debe basar su mandato en “la criminalización y la represión”, en tiempos en que Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“La criminalización y la represión no puede ser fundamento de gobernabilidad en un país, así no vamos a llegar a ninguna parte y esta sociedad se va a hundir”, dijo Báez, a periodistas.
Por su parte, Costa Rica calificó como una “afrenta hacia la prensa independiente” el juicio ordenado ayer en Nicaragua contra la periodista nicaragüense costarricense Lucía Pineda Ubau, del medio 100 % Noticias, en el marco de la crisis sociopolítica que vive ese país desde abril pasado.
“Repudiamos esta especie de juicio sumario contra la señora periodista, que se convierte en una afrenta y una muestra más de hostilidad hacia la prensa independiente”, declaró en un comunicado la canciller interina de Costa Rica, Lorena Aguilar.