Después de los allanamientos realizados por la Fiscalía, la semana pasada, por la investigación de una red de corrupción relacionada con la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí, inicia la instrucción fiscal por 90 días en la que investigan los hechos.
Después de los allanamientos realizados por la Fiscalía, la semana pasada, por la investigación de una red de corrupción relacionada con la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí, inicia la instrucción fiscal por 90 días en la que investigan los hechos.
El jueves 14 de mayo, en lo que se denominó el operativo ‘Fortuner’, elementos de la Policía Nacional y la Fiscalía, detuvieron a nueve personas: Jean Carlos B.M. (secretario ejecutivo del movimiento político ‘Mejor’), Franklin Oswaldo C. (ingeniero civil), Miguel Antonio G.M. (transporte de carga pesada), Mario Fabián O.C. (ex funcionario), José Ricardo P.I., José Alfredo S.V. (conductor), Esteban Alfonso V.C., los hermanos Danilo Fabricio V.S. y José Leonardo V.S. (representante del consorcio Pedernales-Manabí, y de la empresa constructora Roselvec S.A.), por el delito de asociación ilícita y lavado de activos.
La Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional pidió que se convoque a la audiencia de formulación de cargos y, el viernes 15, se dictó la prisión preventiva para todos, excepto para Esteban V. y Mario O., para quienes se dispuso prohibición de salir del país. Además, se dispuso otras medidas como la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de activos y cuentas bancarias, mientras dure la investigación.
Durante los allanamientos en Manabí a finales de la semana pasada, se decomisó 1’694.720 dólares, ( $1’032.529 en cheques y $662.192 en efectivo), además de equipos electrónicos, computadoras, celulares y armas de fuego. En las fotos difundidas por la Fiscalía, maletas llenas de dinero en efectivo, así como sellos del Servicio de Rentas Internas (SRI), armas y otros documentos.
A siete de los nueve detenidos se les determinó que cumplan la prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez.
El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) exige una sancón de uno a 13 años de prisión, a la persona que en forma directa o indirecta (…) adquiera, transfiera, posea, utilice, resguarde, entregue, transporte o se beneficie de de activos de origen ilícito u oculte la determinación de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de dichos activos. Además, dicta una pena privativa de libertad de 10 a 13 años cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados, es decir, 80.000 dólares.
¿Qué prendió las alarmas?
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) habría alertado a las autoridades sobre movimientos irregulares en la cuenta bancaria del Consorcio Manabí-Pedernales, al que se le adjudicó la construcción del Hospital Básico de Pedernales, con capacidad para 30 camas.
En los movimientos bancarios sospechosos se hicieron retiros -mediante cheques- por cerca de 100 mil dólares.
Tras el terremoto de 2016, el gobierno anterior ofreció la construcción del hospital, que se licitó a inicios de 2019. El contrató se adjudicó a Tippman Sociedad Anónima, por $15,78 millones, en agosto de 2019. Sin haber iniciado la obra, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) canceló el contrato, después de entregado el anticipo.
A fines de 2019 se entregó al consorcio Pedernales Manabí, constituido en diciembre de 2019. Se firmó en febrero 2020 y continúa vigente. El 6 de marzo, Secob pagó el anticipo por 8,2 millones de dólares para el inicio de la obra.
Vínculos políticos
Lavado de activos es el delito por el cual se investiga a las nueve personas, una de las cuales es un asesor de asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.
La Fiscalía investiga a Jean Carlos B, asesor del asambleísta Mendoza, por supuestamente haber sido uno de los que recibió dinero de la cuenta del consorcio, es además secretario ejecutivo del movimiento Mejor. En 2019, en alianza con PAIS, en las elecciones seccionales, lograron asegurar las alcaldías de los cantones manabitas Jaramijó, Paján, Pedernales, Puerto López, Tosagua y Pichincha.
Daniel Mendoza es manabita, y con su movimiento político ‘Mejor’, llegó a la Asamblea Nacional en 2017 primero en alianza con AP35, y luego con su movimiento participó en las elecciones de 2019. Ahora, él es presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, la misma que estuvo a cargo de tramitar la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobada el sábado 16 de mayo. Mendoza estuvo ausente de los debates en los que se analizó el proyecto de Ley, y en la subsecuente votación para aprobarlo.
En declaraciones a la prensa durante el fin de semana, el asambleísta Mendoza pidió “independencia” para que la justicia investigue lo que considere necesario y se desvinculó de su asesor.
Contratistas de larga data
La empresa Roselvec S.A., actualmente propiedad de José Leonardo Veliz Saltos, y hasta julio de 2019 también de propiedad de su hermano Danilo Fabricio, ha sido adjudicada varios contratos de construcción en la provincia de Manabí.
En septiembre de 2018, en una contratación hecha por el municipio de San Vicente, se adjudicó el contrato por la regeneración de parque central de esa ciudad, por un monto de 79.946 dólares más IVA. La administración municipal, igual que ahora, estaba a cargo de Rossana Cevallos Torres (PSC).
En 2014, el gobierno provincial de Manabí, a cargo de Clara Zambrano Espinel (35 PAIS) le adjudicó el contrato para el mantenimiento de la vía Manta-Quevedo, por un monto de 21 mil dólares.
En los últimos 10 años, Danilo Fabricio V. registra un pago de impuesto a la renta de 25.12 dólares, mientras que su hermano, sólo en 2019 registró un pago de impuesto a la renta por 19,231 dólares, así como de $1,419 en los últimos tres años, por impuestos a salida de divisas.