En 2014, el Ministerio de Finanzas dispuso que la empresa pública Petroecuador contraiga deudas con organismos y bancos extranjeros para financiar las “obras para el buen vivir”, según un documento al que tuvo acceso Expreso.
Para esto se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador firmado, el 3 de diciembre de 2014. El documento fue firmado por Fausto Herrera, entonces titular de Finanzas, y Marco Calvopiña, gerente general de la petrolera. Calvopiña actualmente está detenido.
Dos cláusulas del convenio determinan que Petroecuador podrá obtener “líneas de crédito que requiera el Ministerio de Finanzas para el financiamiento de programas o proyectos (…) que contribuyan al buen vivir”.
Este procedimiento, según algunos asambleístas como Homero Castanier (CREO), fue ilegal porque el artículo 130 del Reglamento del Código Orgánico de Finanzas Públicas, Finanzas el encargado de contratar, negociar y registrar la deuda gubernamental.
Igualmente, la Constitución determina en el artículo 315 que las empresas públicas tienen “autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión”. El convenio alteraría esa disposición porque dispone que Finanzas decida los movimientos económicos de Petroecuador.
Castanier cree que el convenio es ilegal y por tanto deberá ser sujeto de fiscalización. (SE)