Niegan apelación a la prisión preventiva de Ola Bini 

Redacción QUITO

Después de tres horas de deliberación, el tribunal de apelación de la Corte Provincial de Pichincha, con voto de mayoría de dos jueces, desechó el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por el sueco Ola Bini.

Los magistrados Fabián Fabara y Juana Pacheco desecharon el recurso por considerar que existe un riesgo de fuga, por las recurrentes salidas del país de Bini, y un evidente peligro para la investigación por sus conocimientos de informática.

Argumentaron que la noticia del delito provino de diferentes fuentes, como las declaraciones de la ministra del Interior, María Paula Romo, el presidente, Lenín Moreno y una denuncia al número 1800-DELITO. Porque Fiscalía habría argumentado una presunta vulneración a los sistemas informáticos del país.

Además, por las amenazas a Ecuador por parte de Wikileaks, una organización fundada por Julian Asaange, amigo de Bini. «La defensa del recurrente ha confirmado su relación personal con Assange», señaló Pacheco.

Finalmente, añadieron que la prisión preventiva no es punitiva, sino que es una medida temporal para garantizar la presencia del procesado y que el derecho a la libertad tiene sus limitaciones.
Sin embargo, la jueza Inés Romero, en voto de minoría rechazó esa posición y acogió el pedido del procesado por considerar que Fiscalía no tuvo elementos suficientes para justificar la prisión preventiva. «Tampoco se ha justificado la presunta participación» de Bini en el delito por el que es investigado, señaló y agregó que la medida fue excesiva, considerando que presentó varios arraigos, como el hecho de que reside en el país desde 2013, su contrato de arrendamiento, la aplicación a una visa especial (para lo cual pagó 40.000 dólares). Finalmente, indicó que demostró su interés en colaborar al solicitar la sustitución por cualquier otra medida cautelar.
Al finalizar la audiencia, los abogados rechazaron la decisión.

En horas de la tarde, el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha, compuesto por los jueces Inés Romero, Fabián Fabara y Juana Pacheco, escuchó los argumentos de la defensa de Ola Bini en el que se pedía cambiar la medida cautelar de prisión preventiva y los de Fiscalía para que se mantenga.

El 13 de abril, el fiscal Édgar Chávez, le formuló cargos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. El sueco experto en informática fue detenido el 11 de abril. Ha pasado 21 días en el Centro de Detención Provisional El Inca, en Quito.

Según sus abogados, José Charry y Carlos Soria, la Fiscalía no tiene elementos de convicción que permitan determinar el presunto cometimiento del delito.
Por eso apelaron la medida cautelar, que consideran «incorrecta, excesiva y que vulnera derechos».

Hoy a las 14:30, se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva con la presencia de alrededor de 70 personas, entre los que estaban los padres de Bini, funcionarios de la embajada sueca, activistas de derechos humanos y amigos.

Argumentos de la defensa

Los abogados de Ola Bini señalaron que la Fiscalía incurrió en al menos dos errores al solicitar la prisión preventiva, vinculados a la relevancia de los elementos de convicción que reunió durante la indagación previa.

Primero que el fiscal solicitó garantizar la presencia del procesado para evitar que se pierda evidencia, se obstaculice la prueba o desaparezca, cuando todas las pertenencias de Bini fueron incautadas y están bajo cadena de custodia.
Segundo, que el fiscal enlistó los mismos indicios de la formulación de cargos, cuando tenía que mencionar aquellos que hicieran presumir que el procesado no iba a cooperar en el proceso o iba a salir del país.

Por otro lado, que los indicios recabados por Fiscalía no permitían determinar el presunto cometimiento de vulneraciones a sistemas informáticos, porque no respondían a las preguntas de qué hizo, cómo lo hizo, cuándo y dónde lo hizo.

Charry señaló que la Fiscalía basa el caso en presunciones, exponiendo que sus numerosos viajes, sus movimientos bancarios, los pagos a la compañía Telconet por servicios de internet y la posesiones de varios equipos electrónicos podrían asociarse al cometimiento del delito. Pero insistió que ninguno de esos elementos demostrarían que hubo vulneración de sistemas informáticos.

Posición de Fiscalía

El fiscal Chávez enlistó todos los elementos de convicción que reunió para la formulación de cargos. Comenzó con la cadena del presidente, Lenín Moreno, sobre la terminación del asilo diplomático a Julian Asaange y la rueda de prensa de la ministra del Interior, María Paula Romo, quién señaló que había hackers rusos en Ecuador.

También mencionó la llamada de alias ‘Marco’ al 1800-DELITO, quien conocía a un ruso, que vivía en el norte de Quito y que se dirigía al aeropuerto; el parte policial de la detención en el aeropuerto, el allanamiento en su casa y la lista de todos los dispositivos electrónicos y los libros en inglés, con títulos como ‘Privacy Lost’ (Pérdida de Privacidad), ‘The hackers playbook’, ‘Snowden’ que fueron incautados.

Sobre los dispositivos, señaló que eran «muchos», que «cualquier persona no podría tenerlos» y que «contenían información oculta y encriptada». Mientras, sobre los libros dijo: «no sé por qué tiene tantos libros en inglés», lo cual provocó risas del público y un llamado de atención de la jueza ponente a mantener el orden.

Dijo que según un informe de la Unidad de Analisis Financiero y Económico (UAFE), entre 2011 y 2019 tuvo ingresos de más de 272 mil dólares y que pagó a Telconet más de 240 mil dólares, entre 2015 y 2019.

Sobre su movimiento migratorio señaló que entre el 14 de noviembre de 2013 al 11 de abril de 2019, realizó 150 viajes.

Agregó que no habría estado dispuesto a cooperar, puesto que inicialmente iba a declarar, pero después se acogió al silencio. Además, que no estaría dispuesto a responder quiénes son sus clientes, cómo obtuvo el dinero, cuáles son sus actividades. «¿Por qué el miedo en tratar de ocultar la información de los dispositivos?», cuestionó.
Y terminó su intervención diciendo que de cambiar las medidas cautelares se corre el riesgo de que la información se pierda.