La prisión peruana creada para los ex presidentes acusados de corrupción se está quedado sin espacio

La posible extradición de Alejandro Toledo desde EE. UU. a suelo peruano complicaría los límites del lugar, donde ya están recluidos personajes como Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

La prisión peruana construida específicamente para albergar a los expresidentes caídos en desgracia pronto se quedará sin espacio si el exmandatario Alejandro Toledo es extraditado desde Estados Unidos, como se espera.

La cárcel de Barbadillo –en las afueras de Lima– está ocupada actualmente por el expresidente Alberto Fujimori, recluido allí desde 2007 por los asesinatos cometidos durante su Gobierno por escuadrones de la muerte. También está dentro de las instalaciones Pedro Castillo, quien intentó un golpe de Estado en diciembre.

Añadir un tercer recluso presidencial supone exceder la capacidad de dos personas establecida en los documentos publicados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Esta nación andina, políticamente volátil y que arrastra una crisis desde hace años, tiene récord inédito destituyendo y enjuiciando a sus expresidentes más que cualquier otro lugar del mundo.

Cada uno de los seis presidentes peruanos elegidos desde 1990 está en la cárcel, ha estado en la cárcel o enfrenta una orden de detención.

Tras un largo proceso, funcionarios peruanos comunicaron el 21 de febrero que Toledo, acusado de negociar sobornos, será extraditado para ser juzgado en Lima.

Si bien obtuvo un breve indulto el jueves por la noche, tiene una orden de detención pendiente en el país, lo que plantea la duda de si estará en las mismas instalaciones que albergan a los otros exlíderes. La Fiscalía, entre tanto, dice que su extradición solo es cuestión de tiempo.

“Esa es la cárcel que le corresponde por haber sido presidente”, dijo a Bloomberg César Nakazaki, un abogado peruano que ha defendido en procesos penales a tres expresidentes, dos de los cuales han estado en Barbadillo.

Un representante del Inpe, que pidió no ser identificado para discutir decisiones de política, dijo que la cárcel de Barbadillo podría albergar a un tercer preso presidencial incluso si oficialmente tiene capacidad para solo dos, sin dar más detalles. El Inpe declinó comentar sobre este tema.

Los fiscales peruanos han sido elogiados por sus investigaciones anticorrupción en contra de funcionarios de alto nivel en Perú, muchos de ellos acusados de haber recibido sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht S.A.

Sin embargo, los críticos los han acusado de abusar de la prisión preventiva. Aparte de Fujimori, ningún expresidente peruano ha sido condenado por un delito.

Construida en el 2000

La prisión se construyó inicialmente solo para albergar a Fujimori, según Nakazaki. En 2000, Fujimori huyó de Perú a Japón y renunció a la presidencia por fax cuando su liderazgo de una década se derrumbó en medio de acusaciones de corrupción. Finalmente fue llevado ante la justicia tras ser extraditado desde Chile.

Además de Fujimori, Toledo y Castillo, otros tres expresidentes han enfrentado órdenes de detención. Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, estuvo en Barbadillo por denuncias de que Odebrecht había financiado ilegalmente su campana presidencial.

En 2019, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue arrestado por presuntos vínculos con la misma constructora, pero finalmente fue puesto bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud.

Y en el mismo año, Alan García, que gobernó Peru dos veces, se suicidó justo antes de ser arrestado por acusaciones de que también había recibido financiamiento ilegal de Odebrecht.

El trato de la cárcel presidencial no se ha extendido a las primeras damas de Perú. Nadine Heredia, la esposa de Humala, y Keiko Fujimori, quien se desempeñó como primera dama bajo su padre, han estado encarceladas en el pasado, pero en prisiones regulares.