¿Por qué la economía peruana parece estar blindada de la inestabilidad política?

Luego de la grave crisis de la década de 1980, la sociedad y los políticos peruanos se pusieron de acuerdo para respetar la independencia del Banco Central, blindar el modelo de apertura comercial y respetar la inversión privada.

Según datos del Banco Mundial, el desempleo en Perú pasó del 7,2% en 2020 al 4,8% en 2021 y la variación del Producto Interno Bruto (PIB) en ese mismo año fue positiva, pasando de -11% durante la debacle de la pandemia en 2020 a 13,6% en 2021.

Además, la economía peruana tiene fuertes cimientos macroeconómicos a través de los niveles de reserva más altos de la región, con respecto a su PIB y los niveles de deuda pública más bajos.

Todo esto se ha logrado en medio de una creciente inestabilidad política, que con la reciente destitución de Pedro Castillo, ya suma seis presidentes de la República en los últimos cinco años.

En este contexto, la principal pregunta es por qué Perú no enfrenta un elevado riesgo país o cifras económicas deterioradas como países vecinos como Ecuador

La respuesta es que luego de la debacle económica, que incluyó hiperinflación y grandes niveles de pobreza, durante la década de 1980, la sociedad y los políticos peruanos han acordado mantener un modelo de desarrollo blindado, sin importar quién esté en el poder.

Ese modelo de desarrollo se basa en la independencia del Banco Central; además de unas políticas de apertura comercial y respeto a las inversiones que tienen candados constitucionales desde 1993.

Los expertos coinciden en que la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y su solvente manejo de la política monetaria han sido uno de los pilares del equilibrio económico peruano.

Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, le dijo a BBC Mundo que «la independencia que la Constitución de 1993 le dio al BCRP le ha permitido tener un manejo muy técnico y profesional, totalmente independiente del ciclo económico y político».

El directorio de siete miembros del Banco es elegido por el Gobierno y el Congreso, pero una vez han sido designados son totalmente independientes.

En un raro ejemplo de continuidad en las instituciones peruanas, el director del banco, Julio Velarde, lleva en el cargo desde 2006 y ha visto pasar presidentes de diferente signo. Cuando Pedro Castillo lo ratificó en el cargo, en los mercados se interpretó como una señal de confianza en la economía peruana ante las dudas suscitadas en torno a la política económica que podría seguir el ahora expresidente.

Los contratos se respetan

Aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimor y criticada por muchos, sobre todo desde la izquierda, por sus supuestas carencias democráticas, la constitución de 1993 sentó las bases del crecimiento económico de Perú

Esa constitución, por ejemplo, impide en su artículo 62 que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores, lo que ha supuesto una fuerte protección para las compañías extranjeras que invierten en el país, que han tenido así la garantía de que las condiciones de sus operaciones no se verán alteradas.

Otro punto clave está en el artículo 79, en el  cual se estipula que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar el gasto público. Esto ha contribuido al equilibrio fiscal de los últimos años.

Asimismo, la constitución también blinda el modelo de apertura comercial que inició con Fujimori y se ha mantenido con todos los siguientes gobiernos.

El blindaje puede estar a punto de agotarse

Según un último análisis de la calificadora internacional Fitch Rating,  la última agitación política, con la destitución de Pedro Castillo, plantea riesgos económicos y fiscales negativos y prolonga la incertidumbre de los recientes años.

Fitch Ratings revisó la perspectiva de la calificación de Perú a negativa en octubre pasado debido a un deterioro en la estabilidad política y la efectividad del gobierno, señalando que la inestabilidad sostenida había aumentado los riesgos a la baja para la calificación del país.

Una gobernabilidad más débil, incluido un mayor deterioro de las condiciones políticas y de gobernabilidad, un bajo rendimiento económico y un aumento sostenido del ratio de deuda pública/PIB siguen siendo sensibilidades negativas para la calificación.

La clasificación de Perú en los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial ha caído al percentil 41 desde el 45, muy por debajo de la mediana ‘BBB’ de 58.

Según Fitch, la nueva administración de Dina Boularte  es políticamente frágil y enfrenta los mismos desafíos de gobernabilidad que la anterior, con un sistema político muy fragmentado y un débil apoyo público y del Congreso.

Es probable que los conflictos sociales, los riesgos regulatorios y la baja confianza empresarial restrinjan la inversión en el sector energético de Perú, luego de un retroceso similar en la minería, dice Fitch Ratings.

La reciente crisis política en Perú ha provocado que la confianza empresarial y las expectativas, ya débiles, se desplomen a niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. La actividad económica en el sector de minería y metales de Perú se contrajo un 3.5% interanual en los primeros cinco meses de 2022.

En ese sentido, Fitch redujo su pronóstico de crecimiento del PBI para 2022 de 2.5% a 2.3%, lo que refleja una menor producción minera.

«Las políticas fiscales y monetarias más estrictas, los precios del petróleo más altos, la caída de los precios del cobre y el malestar social son factores clave que pesarán sobre el crecimiento. Si bien puede estar en marcha una recuperación del mercado laboral, el trabajo informal ha crecido en relación con los niveles previos a la pandemia, y persiste un frágil crecimiento de los salarios reales», asegura la calificadora internacional.

En el corto a mediano plazo, Fitch Ratings estima que Perú no podrá abordar la inestabilidad y restaurar la confianza de una manera que conduzca a una mayor inversión en energía.

La ejecución de políticas gubernamentales y la capacidad técnica disminuidas, junto con las objeciones de la comunidad local, se han citado como impedimentos clave para la llamada “masificación”, la tubería propuesta de gas natural a áreas remotas, a pesar del apoyo del gobierno central para el proyecto.

La incertidumbre política está afectando directamente al menos al 60% de la cartera de empresas no financieras calificadas de Fitch en Perú, particularmente emisores en energía, minería y generación eléctrica.

Todo esto augura un escenario en donde la economía peruana tendría un mayor impacto y afectación como consecuencia de la inestabilidad política.