Quito, EFE
La ministra del Interior, María Paula Romo, anunció este miércoles la reapertura de un polémico caso del homicidio de una adolescente en 2018, que los investigadores inicialmente consideraron una muerte natural, y advirtió de que se investigará en toda la cadena de mando por si hubo negligencias.
«El caso está abierto nuevamente como homicidio intencional y tenemos ya tres personas detenidas», confirmó la responsable en una comparecencia de prensa sobre el denominado «caso Carolina».
Romo reconoció que, «lamentablemente este caso fue archivado porque se calificó como una muerte natural». Informó de que se han llevado a cabo nuevas pesquisas que han concluido con la detención de tres sospechosos, dos de los cuales están en prisión preventiva, mientras que un tercero está bajo la medida cautelar de comparecencia periódica ante la justicia.
La ministra indicó que el martes se exhumó el cadáver de la fallecida, «para nuevos exámenes que nos permitan reabrir el caso, que se va a tramitar como un homicidio intencional«.
Y apuntó a que se existen «sospechas» de que funcionarios que participaron en las investigaciones en instituciones desde la Defensoría del Pueblo hasta la Policía, «pudieron haber ocultado el tratamiento del caso». Advirtió de «consecuencias» si se confirma que hubo negligencias o una acción intencionada de ocultación de la verdad.
El cuerpo de la menor, que entonces tenía 13 años e identificada como Carolina, fue hallado sin vida y con signos de violencia en el sector del Comité del Pueblo, localidad del norte de Quito, en agosto de 2018.
La progenitora dijo a medios locales que las investigaciones del caso no prosperaron al considerar la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) que la muerte de Carolina fue por causas naturales. Ello, pese a que el cadáver presentaba hematomas y signos de haber sido abusada sexualmente, según reveló la autopsia.
Ese organismo policial, no obstante, recomendó en un informe que el caso debería ser investigado por la Fiscalía de Violencia de Género a fin de que se esclareciera el presunto delito de violación a la menor.
La familia de la fallecida había reportado una conducta de rebeldía y acercamiento a las drogas y a individuos mayores de edad, que presuntamente pretendían introducir a la menor en la prostitución y otros actos delictivos. Piden, además, que se investiguen elementos atenuantes como la posible existencia de una red de trata con fines de explotación sexual.