CIUDAD DE PANAMÁ,
AFP
La negativa de Venezuela de recibir a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demuestra el miedo del Gobierno de Nicolás Maduro de que se conozca la realidad del país, manifestaron este martes en Panamá los miembros del organismo rechazados por Caracas.
“Nosotros interpretamos esta medida del Gobierno (venezolano) como algo que representa un miedo, es propio de regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio internacional en materia de Derechos Humanos”, dijo a la AFP Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
Agregó que “si hay un intento del Gobierno de esconder algo, no alcanzará sus objetivos porque la Comisión accederá a estos testimonios e informaciones y (las) vamos a documentar”.
Sin autorización
La Comisión había previsto una visita a Venezuela desde ayer y hasta el 8 de febrero, pero el Gobierno de Maduro ya había advertido que la delegación no estaba autorizada.
La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, Abrao y el relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, contaron que cuando se disponían a tomar su vuelo, la aerolínea panameña Copa no les permitió abordar el avión por la negativa de Caracas a dejarlos entrar.
En marcha otro plan
“Esta es una situación lamentable” porque la Comisión Interamericana tiene un mandato para observar la situación de los Derechos Humanos “en todo el continente, pero particularmente en países que estén atravesando crisis”, indicó Arosemena a la AFP en hotel de Ciudad de Panamá.
7.000
ejecuciones extrajudiciales se produjeron el último año y medio en Venezuela.“Es negar la situación, pero es una negación a gritos, a voces”, comentó la presidenta de la CIDH. “Nosotros no vamos a dejar de monitorear la situación de Venezuela”, agregó.
Arosemena manifestó que la CIDH había preparado un “plan B”, que consiste en trasladarse a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta para reunirse con organizaciones venezolanas este jueves y viernes.
Abusos y otras violaciones
La ONG Amnistía Internacional señaló que al prohibir el embarque de la Comisión, “el Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado evadir el escrutinio internacional y esconder las graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de derecho internacional”. Según un informe presentado en julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron el último año y medio.
Bachelet pidió disolver las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), con las que vincula la mayor parte de las muertes. Maduro acusó a la funcionaria de la ONU de “mentir”. La organización Human Right Watch denunció por su lado que los residentes del sur de Venezuela son víctimas de abusos de grupos armados que controlan las minas de oro.
Una señal
negativa
El Gobierno de Maduro retiró en 2019 a sus diplomáticos acreditados ante la OEA, que a su vez desconoce la legitimidad del segundo mandato del presidente venezolano, iniciado el 10 de enero de 2019, tras considerar que su reelección no tuvo las garantías necesarias.
La negativa de Maduro de recibir a la delegación de la CIDH “manda una señal muy negativa porque es una forma de decir que este Gobierno no está abierto a ninguna salida”, indicó el comisionado Lanza.
“Es una muy mala señal porque muchas veces la Comisión ha sido el punto de partida de una salida democrática a situaciones de crisis política, social y humanitaria”, añadió Lanza a la AFP.