La norma constitucional por la cual se concede la libertad a los detenidos sin sentencia, durante seis meses o un a, volvia la agenda de debate en el Congreso Nacional, por presi del Partido Social Cristiano, que se abandera esta lucha contra lo que ellos llaman la impunidad.
El Art. 24 de la Constituci dice: «La prisi preventiva no podrexceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisi, ni de un a, en delitos sancionados con reclusi. Si excedieren esos plazos, la orden de prisi preventiva quedarsin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa.
Es precisamente esta norma la que para los socialcristianos estmal, pues consideran que ta ha sido usada, abusada y manoseada con tal irresponsabilidad, que se ha convertido casi en norma de ciertos jueces en contubernio con algunos abogados defensores de determinados sindicados.
Seg la propuesta, cuando se excedieren los plazos dispuestos por la norma constitucional y del Cigo de Procedimiento Penal, y se produjere la caducidad de la prisi preventiva, concedidose, como consecuencia de ello, la libertad de quien se halle efectivamente privado de ella, el juez o tribunal competente, remitirobligatoria e inmediatamente el expediente completo al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), organismo que llevarun registro individualizado de estos hechos.
Es m, proponen que el CNJ investigue cada caso y de encontrarse que existe responsabilidad del juez o tribunal competentes, se les ponga una multa de 10 mil dares. Si el juez o tribunal reincidiere, dentro del mismo a, provocando la caducidad de la prisi preventiva de quien se encuentre sujeto a ella, serremovido definitivamente de su cargo, sin perjuicio de las dem acciones administrativas, civiles y penales que el Consejo de la Judicatura adopte en su contra, o en su caso, aquellas acciones que puede emprender el perjudicado.
La misma sanci tendrel agente fiscal que dilate el conocimiento de la causa y la emisi de su dictamen, provocando, como consecuencia, la caducidad de la prisi preventiva.
El proyecto tambi habla de la responsabilidad solidaria del juez o tribunal con el abogado defensor del beneficiado con esta «negligencia».
Los socialcristianos selan que el pa estconmovido por la ligereza e irresponsabilidad con la que proceden ciertos jueces que parecen haberse puesto al servicio de los delincuentes liberdolos con una facilidad pasmosa y haciendo oos sordos al clamor ciudadano que exige drticas sanciones para enfrentar con ito el auge delictivo.
Sobre esta propuesta, un juez penal que prefirino ser identificado, porque seg asegurla voz oficial para responder este «disparate jurico» es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, dijo que es una «utop» plantear una multa de 10 mil dares cuando el sueldo mensual de quien administra justicia en primera instancia, es de apenas 500 dares.
Dice que no se opone a cualquier reforma que se quiera hacer para mejorar la legislaci y garantizar la seguridad ciudadana, privando de la libertad a los infractores de la ley, pero que ta debe ser seria y responsable, pensando que el juez no siempre tiene las herramientas en sus manos, «porque la misma ley se presta para interpretaciones y manipulaciones por parte de los abogados».
Es decir, es el mismo legislador el que ha elaborado las leyes que ahora cuestiona. Nosotros no tenemos otra cosa que aplicar la ley y los abogados ejercer la defensa de sus clientes, selel juez animo.