El caso develó irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas que se encargaron de mega obras en el régimen de Correa.
Una investigación periodística, publicada el 3 de mayo de 2019 por Fernando Villavicencio, encendió las alarmas de actos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa.
El trabajo del activista político develó aportes ilegales que hicieron empresas al movimiento Alianza PAIS (AP) entre 2012 y 2016, a cambio de beneficios y privilegios en la contratación pública. El dinero se empleó, según el portal del periodista, para financiar la campaña presidencial de 2013 y 2014, cuando el binomio presidencial de Rafael Correa y Jorge Glas ganó las elecciones.
De acuerdo con la investigación, los rubros se entregaron en efectivo y por medio de un mecanismo de cruce de facturas, es decir, las compañías asumían los gastos que AP adquiría con otras empresas para el desarrollo de convenciones, campañas electorales, logística para fiestas, inauguraciones de obras, entre otros.
El inicio
Inicialmente el caso fue denominado ‘Arroz Verde’, pero luego de que la Fiscalía abriera la instrucción fiscal se lo nombró como ‘Sobornos 2012 – 2016’.
Según Procuraduría, las empresas involucradas suscribieron 38 contratos con el Estado.Un día después de que se publicara la investigación periodística, la Policía detuvo a la exasesora de Correa, Pamela Martínez, y a su asistente, Laura Terán. Ambas rindieron versiones y luego de 26 días se ejecutaron las capturas de Alexis Mera y María Duarte, exsecretario jurídico de la Presidencia y exministra de Transporte del gobierno de Correa, respectivamente.
El proceso legal que hoy tiene envuelto en un lío al exmandatario se desarrolló de la siguiente manera: (FLC)
5 de mayo 2019
Juez dicta prisión preventiva para Pamela Martínez y Laura Terán por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones. Fiscalía determinó que las dos procesadas formaban parte de una organización conformada por exfuncionarios públicos y empresarios. Ellas habrían administrado y movido fondos mediante un complejo sistema de recaudación de dinero en efectivo y mediante cruce de facturas.
1 de junio 2019
En una audiencia de formulación de cargos, la jueza Daniella Camacho ordenó prisión preventiva para Mera. Sobre Duarte, dispone la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la Jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Fiscalía les formuló cargos por un presunto delito de concusión. Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía se incluyen la pericia documentológica a un manuscrito de ocho hojas de Martínez, en el que habría disposiciones de entrega y distribución de dinero a los procesados y a otras personas. El 19 de junio la Fiscalía reformula cargos para Mera y Duarte y acumula su proceso a la causa de Martínez y Terán.
8 de agosto 2019
Audiencia de vinculación
Fiscalía vincula a 22 personas, entre ellas 10 funcionarios y 12 empresarios. Entran al proceso Rafael Correa, Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Walter Solís y Yamil Massuh (sobreseído). A ellos se les dictó orden de prisión preventiva, mientras que para los otros 17 se dispuso presentación periódica.
1 de septiembre 2019
Testimonio anticipado de Laura Terán
Mencionó que por orden de Pamela M. y Rafael C. creó cinco archivos que contenían el esquema sobre cómo se ejecutaron los pagos de sobornos.
3 de septiembre 2019
Testimonio anticipado de Pamela Martínez
Confirmó que había entregado dinero a Alianza PAIS por disposición de Correa.
9 de septiembre 2019
Cierre de instrucción fiscal
La fiscal Diana Salazar solicita fecha y hora para audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
3 de enero de 2020
Jueza Daniella Camacho dicta auto de llamamiento a juicio para 21 de los 24 procesados. Entre los convocados está Correa, Glas, Alvarado y otros. La magistrada consideró que existen suficientes argumentos para presumir que participaron en una trama de corrupción que consistía en captar los aportes de empresarios para financiar actos proselitistas de PAIS a cambio de contratos con el Estado.
10 de febrero de 2020
Inicia el juicio contra los 21 procesados
Tribunal de Juzgamiento instala audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia.
La fiscal, Diana Salazar, presentó el alegato de apertura en el que anuncia que, durante la etapa de juicio, se probará que durante 2012-2016 se conformó una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la entrega de recursos a través de cruce de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado.
Salazar indicó que los colaboradores de Correa fueron estratégicamente ubicados en ministerios y otras dependencias para cristalizar la trama de sobornos.
Durante la audiencia se presentaron testigos, peritos y documentos por parte de las partes.
7 de abril 2020
Tribunal de Juzgamiento sentencia, en primera instancia, a ocho años a Correa, Glas, Mera, Alvarado, Duarte, Solís y otro grupo de colaboradores y empresarios. Martínez y Terán reciben una condena de 38 meses con 12 días y 19 meses con 6 días, respectivamente.
24 de junio 2020
Se instala audiencia de apelación a la sentencia. Abogados pidieron que se suspenda la diligencia, pues no contaban con el fallo íntegro. Desde el 29 y el 30 de julio ellos expusieron a los jueces sus argumentos para revertir el fallo de primera instancia.
El 1 de julio, la fiscal, Diana Salazar, presenta sus argumentos en la réplica para defender su acusación sobre la existencia de una estructura criminal que recibió 7.3 millones de dólares por parte de contratistas.
20 de julio 2020
El Tribunal de Apelación negó la mayoría de los argumentos presentados por los apelantes y ratificó la pena para 18 de ellos. 17 deberán cumplir con una pena de ocho años y Martínez una condena atenuada de 38 meses y 12 días.
Los magistrados ratificaron parcialmente la sentencia de primera instancia, excepto en los siguientes puntos: Terán, debido a sus aportes en la investigación, vio reducida su pena a tres meses y seis días. El empresario Alberto Hidalgo vio reducida su pena a 32 meses.
En la audiencia se señaló que para cumplir con la reparación integral los instigadores, coautores y autores directos deberán pagar $778.224 cada uno y $368.632 cada cómplice.
3 de septiembre 2020
Se instala audiencia de casación, recurso extraordinario aceptado a trámite para 16 de los 20 acusados. Los recurrentes presentaron 31 cargos casacionales para argumentar que hubo errores en la interpretación de la Ley. La diligencia se extendió hasta el 4 de septiembre. Los jueces suspendieron la audiencia y anunciaron que su resolución oral la darán el 7 de septiembre.
$6’570.696,09 FUERON entregados en efectivo
$1’004.500 fueron entregados por cruce de facturas.