La Ley de Extinción de Dominio vuelve a discusión

DEBATE. En un conversatorio, se discutió la pertinencia de esta normativa.
DEBATE. En un conversatorio, se discutió la pertinencia de esta normativa.

Como un proyecto “útil y necesario”, calificó el secretario Anticorrupción de la Presidencia, José Javier de la Gasca, al plan de Extinción de Dominio que se analiza en la Asamblea.

La mañana de ayer, durante un conversatorio en el que participaron otras instituciones, el funcionario aclaró que se busca que este sea un procedimiento que se siga paralelamente al ámbito penal que enfrente el acusado, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero atacando los bienes que se consideren obtenidos mediante actos de corrupción.

De la Gasca precisó que, hasta hace dos semanas, se calculó en 114 millones el monto que el Estado tiene pendiente por recuperar, pero aclaró que en algunos casos todavía no hay una sentencia en firme.

El Dato
En octubre de 2019, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley para Extinción de Dominio en la Asamblea.
El funcionario se refirió a los 13,5 millones de dólares relacionados al caso Telconet. Dijo que si bien, su representante, Tomislav Topic, ya depositó esos rubros a la Justicia, esta dispuso una medida cautelar y por ende, la empresa pública Inmobiliar tiene una orden judicial para una prohibición temporal de inmovilización de esos valores.

“Estamos buscando el mecanismo jurídico, respetando el derecho a la defensa, para que eso vaya desde Inmobiliar hasta la cuenta única del tesoro”, dijo.

Reacciones

El asambleísta Fabricio Villamar presentó el último proyecto de ley al respecto. El legislador cuestionó que no ha existido voluntad política suficiente en la lucha contra la corrupción.

Indicó que los procesos penales por hechos relacionados a la corrupción son extensos y que por eso, esta Ley plantea que se pueda en 24 horas de presentada la denuncia, iniciar la primera audiencia y que en el máximo de un año se debe tener una resolución.

No obstante, para la asambleísta Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, el tema debe ser analizado a profundidad para no caer en posibles vicios de nulidad que puedan ser luego identificados por la Corte Constitucional. (FLC)