La justicia penal al desnudo

Mas allde los problemas que se est presentando en la aplicaci del nuevo Cigo de Procedimiento Penal, y pese a los esfuerzos de organizaciones nacionales e internacionales por modernizar el sistema judicial en nuestro pa, hasta el momento la forma en que se administra la justicia penal deja mucho que desear.

Esto es lo que revela un estudio comparativo realizado por el jurista latacungue, Rub Bravo Moreno, sobre la aplicaci de la justicia penal durante los as 1998, 1999 y 2000 con base a los informes anuales presentados por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional y de los cuadros del Departamento de Estadticas de esa judicatura, aunque cabr selar que tos timos son «incompletos, tienen imprecisiones y omisiones», al decir del investigador.

Como principal conclusi, Bravo Moreno recalca que «la gran mayor de los jueces penales del pa demuestran ineficiencia, y no cumplen con el promedio de 400 causas anuales que debe resolver un juez, como recomienda un estudio realizado por la Organizaci de Naciones Unidas», por lo que «frente a este panorama, la Corte Suprema de Justicia y la Legislatura debern estudiar los mecanismos adecuados para corregir de manera urgente las deficiencias y dinamizar la administraci de la justicia penal».

Reina la impunidad
La percepci intuitiva que tienen la mayor de los ecuatorianos, en el sentido de que no existe justicia en el pa, no es del todo errea a la luz de los datos investigados por Bravo Moreno, los que selan que de las 141.736 causas penales ingresadas en los tres as, un total de 70.692 se resolvieron en los juzgados, y de tas icamente pasan a los tribunales penales 10. 370, de los cuales «solamente llegan a tener sentencia 10.065».

«Esto quiere decir que en el camino se quedan 131.671 causas ya sea en los propios juzgados, en los tribunales penales o en las cortes superiores», recalca Rub Bravo, al tiempo de afirmar que al dividir las 141.736 causas por los tres as investigados da como resultado que el nero promedio de juicios penales que ingresan anualmente a los juzgados del pa son 47.245.

De estas se resuelven un promedio anual de 23.564 causas, de las cuales un 80% corresponden a autos de prescripci, mientras que quedan sin resolver en los juzgados 23.681, lo que quiere decir el 50 por ciento.

«De las 23.564 resueltas mediante auto, llegan a los tribunales penales para sentencia definitiva icamente 3.456», sostiene Bravo Moreno sin dejar de resaltar como conclusi primera que «anualmente quedan en los juzgados penales y en las cortes 20.108 procesos, unos porque han sido apeladas o consultados al superior y otros porque no han sido apelados», concluye.

Asimismo, de los juicios que llegan a los tribunales penales, reciben sentencia 3.355, lo cual equivale apenas al 14.2% de las resueltas en los juzgados. «Esto significa que queda en la impunidad el 85% de los casos», agrega Bravo Moreno en lo que constituye un dato revelador sobre la caica situaci del funcionamiento del sistema jurico en nuestro pa.

Racionalizar los juzgados
En cuanto a lo que tiene que ver con la estructura de los juzgados, existen distritos provinciales en los que «existe un nero excesivo de juzgados penales, mientras que en otros, dado el alto nero de juicios que ingresan, hace falta m juzgados, como es el caso de Pichincha que necesitar duplicar el nero de judicaturas, y como sucede en la provincia de El Oro que requer de por lo menos dos juzgados m».

«Lo que llama la atenci es el peque nero de causas penales iniciadas en el Guayas (ver recuadro), pues si son 24 juzgados para ese tipo de delitos, estimando que ingresan a cada uno un promedio anual de 500 causas, debern constar en los datos estadticos por lo menos doce mil causas, sin embargo, inexplicablemente, en cada uno de los tres as analizados no llegan a siete mil», dice una de las conclusiones del documento que fue presentado a varias universidades del pa.

A la luz de los datos estadticos se puede comprobar que en cuanto a lo que tiene que ver con el desempe laboral de los jueces, los administradores de la justicia de la provincia de Pichincha aparecen «con un muy buen promedio anual de trabajo», para a continuaci seguir los magistrados de las provincias de Imbabura, Carchi, Tungurahua, Loja, Cotopaxi y El Oro, mientras que en la otra cara de la moneda se encuentran Napo, Sucumbs y Esmeraldas.

Una de las conclusiones m escandalosas que sela este estudio es que en todos los distritos judiciales del pa el 99% de los delitos penales que se cometen en contra de la propiedad que se perpetran en contra de los bienes de las instituciones del sector plico, quedan en la impunidad «porque los encargados de las investigaciones no logran descubrir a los autores».

Ahora bien, durante el a 2000 el mayor nero de detenidos que se encontraban en los centros de rehabilitaci social del pa se relacionaban con delitos contra la propiedad (4.153), por delitos de narcotrico (2.773) y por delitos contra las personas (1.816).