La burocracia golpea la reactivación de la construcción

Número. 40.000 de los 486.000 trabajadores de este sector retomaron sus labores a través del ‘plan piloto’.
Número. 40.000 de los 486.000 trabajadores de este sector retomaron sus labores a través del ‘plan piloto’.

Durante dos meses no hubo flujo de recursos para construcción. La digitalización de los trámites evitaría que existan más pérdidas. Miles de empleos, en la línea.

Alrededor de 400 proyectos de construcción, privados y públicos, se han reactivado a nivel nacional, como parte del ‘plan piloto’ que lleva a cabo el sector junto al Ministerio de Gobierno y el COE Nacional. La integración de nuevos proyectos al ‘plan’ ha sido gradual, desde que empezó la iniciativa el 27 de abril.

Los protocolos han funcionado bien, dice Jaime Rumbea, representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador (Apive).

“Con esas condiciones no habría motivo para seguir reteniendo en sus casas al 80% de los obreros que no han sido llamados a trabajar”, dice. El sector intenta evitar que los trabajadores de la construcción busquen trabajos informales si es que no se los reincorpora pronto.

De la mano con las Notarías

Dentro de la cadena productiva, la burocracia ha sido uno de los nudos críticos. La falta de agilidad en los trámites genera gastos adicionales y nuevos obstáculos sobre la oferta y demanda de bienes inmuebles.

Joan Proaño, vocero del colectivo Constructores Positivos, comenta que han solicitado a las autoridades centrales la digitalización de trámites como firmas de escrituras de compraventa, transferencias de dominio, registro de la propiedad, entre otras. “Así ya no tendríamos esos cuellos de botella y podríamos fluir de mejor manera”.

Rumbea habla de una falta de empatía, especialmente por parte de las Notarías, que cumplen un rol necesario para la cadena de pago. Cuando existe un crédito de por medio, la notaría es el nexo entre el comprador y su banco, y el constructor y el suyo. Son cuatro partes, entre las que no se mueve un dólar, sin que no intermedie el servicio notarial.

Durante casi dos meses, entre el 16 de marzo y el 11 de mayo, no hubo flujo de recursos para la construcción ya que las Notarías permanecieron cerradas.

$8.000 mensual es el costo promedio de proveer bioseguridad en una obra con 50 personas. Las jornadas se dividen en grupos de 10 trabajadores.Las Notarías y el Consejo de la Judicatura retomaron sus actividades el 11 de mayo, aunque de manera parcial. Hoy, los constructores y promotores inmobiliarios piden que se implementen trámites electrónicos. En este momento, los trámites necesarios en la cadena de construcción y ventas son presenciales, incluso el pago de tasas. Hay retraso en los trámites y mucha demora. “Para que ese acumulado pueda salir más rápido es imprescindible que se utilicen medios electrónicos”, añade Rumbea.

Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos, denuncia la irresponsabilidad del sector público: “No se han adaptado a la nueva realidad, tanto así que se ha obstaculizado la transacción de propiedades que son las que generan ingresos para mantener empleos”.

Protocolo. Desinfección antes de iniciar la jornada en una obra al norte de Quito.
Protocolo. Desinfección antes de iniciar la jornada en una obra al norte de Quito.

El nuevo costo de bioseguridad

Las constructoras han asumido el precio de las medidas de bioseguridad, emitidas por el COE nacional, para retomar las obras. El pliego de exigencias es amplio.

Diego Villacís, arquitecto residente del proyecto ‘Imagine’, al norte de Quito, cuenta que cumplir con las nuevas normas representa, aproximadamente, 8 mil dólares adicionales por mes.

El monto incluye equipos de protección, personal y de desinfección, químicos y el costo de proveer transporte seguro a su personal; así como pruebas rápidas para todo el personal. Uno de los rubros más importantes, coinciden los representantes, es el de transporte.

Levantar al sector

La pandemia por el Covid-19 encontró al sector de la construcción en un momento débil. Al igual que otros sectores productivos, sufrió un duro revés con el terremoto de abril de 2016. Además del golpe económico para el país, las exigencias en términos de códigos de seguridad y el alto costo de los materiales por la demanda, detuvieron el momentum.

En medio de ese revés, llegó la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, más conocida como Ley de Plusvalía. Aunque la norma fue derogada en 2018, los tres años que tomó el debate sobre implementar el impuesto, el proceso legislativo -la Ley fue publicada en diciembre de 2016- y la posterior eliminación del cuerpo legal, deprimieron las ventas para todo el sector inmobiliario.

Medidas para conservar empleos

Se calcula que solo en el ámbito privado, la construcción provee casi medio millón de empleos. Frente a la cantidad de plazas de trabajo que se han perdido desde que, por Decreto Ejecutivo, se declaró la emergencia sanitaria y el toque de queda, reactivar el sector se volvió una prioridad, tanto para el gobierno como para los empresarios.

La labor de la banca pública y privada, dice Yandún, será fundamental para levantar al sector. Si bien la construcción pública de vivienda social ha recibido subsidios por parte del gobierno, los privados claman por atención.

Medio millón de empleos directos dependen del sector de la construcción.La inyección de recursos al sistema financiero, que permita bajar las tasas de interés para créditos hipotecarios, períodos de gracia en el cumplimiento de las cuotas y facilidades de pago permitirán que el sector continúe activo y se conserven cientos de miles de empleos.

Proaño comenta que las inmobiliarias siguen trabajando y hacen visitas virtuales a los interesados. Sin embargo, desde el 16 de marzo, solo han podido cerrar una de cada 10 ventas previstas.

La aspiración de los constructores es que las entidades mejoren las condiciones de adquisición. “Si no se genera demanda por falta de créditos asequibles, el problema social puede agravarse por falta de trabajo”, añade Yandún.

Los miembros de Constructores Positivos van más allá. Insisten en reabrir no solo los proyectos de construcción, sino también los proveedores que los alimentan. Incluso, dicen, la reactivación de ferreterías pequeñas y comercios minoristas asegura aún más plazas de trabajo que se pueden salvar, antes de que sea demasiado tarde.

Si esto fuera más ágil, si los recursos no quedaran represados por trámite y burocracia, entonces los precios de las viviendas bajarían; serían más asequibles para el comprador final”, Joan Proaño, vocero de Constructores Positivos.