Investigan procesos de compras públicas en Imbabura y Carchi

Allanamiento. Ayer llegaron hasta el Municipio de Antonio Ante para recopilar información y evidencias de la denuncia de sobreprecios en un producto químico.
Allanamiento. Ayer llegaron hasta el Municipio de Antonio Ante para recopilar información y evidencias de la denuncia de sobreprecios en un producto químico.

Hospitales de las dos provincias, así como municipios, están bajo la lupa de la Contraloría y Fiscalía.

Redacción IBARRA-TULCÁN

Las denuncias de presuntos casos de corrupción se han extendido prácticamente por todo el país. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría se han puesto manos a la obra.

Ayer, precisamente, policías llegaron hasta el Municipio de Antonio Ante para cumplir un allanamiento, tras encontrar supuestas irregularidades en los procesos de compras públicas efectuados durante la emergencia sanitaria nacional.

Según el medio digital ‘La Posta’, la municipalidad compró desinfectante de amonio cuaternario a 425 dólares por caneca, cuando el costo máximo bordearía los 160. Detallaron, además, que en el Sercop la compra se registra el 23 de marzo de 2020, por un total de 8.500 dólares por 20 canecas.

Rolando López, alcalde del cantón, mencionó que hace varios días, junto a algunos concejales, jefes y directores de las unidades administrativas, se procedió a revisar todo el proceso en cuestión, donde hay las denuncias de sobreprecios. “Incluso se pidió la comparecencia del proveedor en dicha reunión, tras la cual no hubo conformidad con las explicaciones entregadas, por lo que se puso la denuncia respectiva”.

En una entrevista compartida por las redes sociales de la municipalidad, a pocos minutos del allanamiento de ayer, López mencionó que las autoridades recabarán toda la información para determinar irregularidades y establecer si hubo o no corrupción.

“Para nosotros es muy importante, después de la denuncia que hicimos, que se realicen estas actividades. Aquí estoy personalmente para dar todas las facilidades para que tengan la información, si es necesario claves, CPU, todo lo que necesitan”, mencionó.

Desde la Fiscalía se detalló que no solo fue un allanamiento el efectuado ayer en Atuntaqui. “Fiscalía dirigió los allanamientos en los domicilios de un funcionario de la municipalidad, de un proveedor y en las oficinas del Municipio. La diligencia empezó la madrugada de este jueves y se extendió hasta el mediodía, con el objetivo de recabar indicios dentro de la indagación previa abierta por el presunto delito de peculado”.

En el proceso, se incautaron seis computadores, tres teléfonos celulares, dos dispositivos de almacenamiento, varias carpetas con documentos sobre el proceso de compras públicas para la adquisición de los insumos de bioseguridad, dos libretas de ahorros, cuatro cartones de mascarillas y respiradores, desinfectante, gel y jabón antibacterial, que fueron fijados e ingresados bajo cadena de custodia en las oficinas de la Policía Judicial de Imbabura.

En hospitales

La Contraloría General del Estado ejecuta también exámenes especiales en hospitales del país, incluido el Hospital Luis G. Dávila de Tulcán, así como del IESS y San Vicente de Paúl, en Ibarra.

Detallaron que en la zona norte, el contralor dispuso a la directora nacional de Auditoría en Territorio Sierra y Amazónica que inicie el examen especial en el Hospital General Luis G. Dávila de Tulcán, con el objetivo de determinar si la adquisición de implementos para enfrentar la emergencia sanitaria se realizó en concordancia con lo dispuesto en la Constitución y la Ley. Un proceso similar se ejecuta en las otras dos casas de salud.

Las investigaciones de la Contraloría, según detallaron, se ejecutan desde marzo en los dos hospitales de Ibarra.“Los auditores también deberán establecer si las adquisiciones efectuadas en estas casas de salud se fundamentaron en una necesidad, que se realizaron bajo un proceso de contratación pertinente y que la recepción de los bienes cuenta con la documentación de sustento”, detallaron.

“Estas auditorías se suman a otras 32 que se ejecutan en gobiernos autónomos provinciales y cantonales, empresas públicas, ministerios y en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias”, agregaron.

En los hospitales de Imbabura y Carchi, específicamente, se audita los procesos de contratación y entrega – recepción, por la adquisición de dispositivos, insumos médicos y medicamentes, en medio de la crisis sanitara.