Redacción GUAYAQUIL
Tras la declaratoria de emergencia en el Archipiélago de Galápagos, por un derrame de combustible, la Fiscalía de San Cristóbal, indaga un delito ambiental.
El domingo, una gabarra se hundió tras una mala maniobra de una grúa que se aprestaba a cargar un generador en el muelle ‘La Predial’, en la isla San Cristóbal.
El hundimiento se llevó consigo el generador que se encontraba en el contenedor, y la grúa que realizaba el trabajo de embarque. Ambos aparatos cayeron al mar, lo que produjo el derrame de unos 600 galones de diésel al mar.
El Ministerio Público dispuso las investigaciones y quedó a la espera de los informes del Parque Nacional Galápagos y de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional.
“Este derrame de combustible pudo haber ocasionado graves afectaciones al ecosistema sensible de esta área protegida. Fiscalía dispuso la apertura de la respectiva investigación previa por el presunto delito contra el agua, según lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, manifestó el agente fiscal Cristhian Fárez.
El personal del Parque Nacional Galápagos y de la Armada del Ecuador intervinieron en la zona colocando barreras de contención de derrames y paños absorbentes de hidrocarburos alrededor de la nave, para evitar la dispersión del combustible en aguas abiertas.
La indagación genera un llamado de las autoridades y compañías involucradas en el incidente para que rindan las versiones dentro de este caso.
También se solicitarán los informes correspondientes para establecer si hubo o no negligencia y determinar presuntas responsabilidades. El incidente no generó personas detenidas.
La investigación se da con base a lo dispuesto en el artículo 251 del COIP, que indica que la persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas, y en general los recursos hidrobiológicos, o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (DAB)
Redacción GUAYAQUIL
Tras la declaratoria de emergencia en el Archipiélago de Galápagos, por un derrame de combustible, la Fiscalía de San Cristóbal, indaga un delito ambiental.
El domingo, una gabarra se hundió tras una mala maniobra de una grúa que se aprestaba a cargar un generador en el muelle ‘La Predial’, en la isla San Cristóbal.
El hundimiento se llevó consigo el generador que se encontraba en el contenedor, y la grúa que realizaba el trabajo de embarque. Ambos aparatos cayeron al mar, lo que produjo el derrame de unos 600 galones de diésel al mar.
El Ministerio Público dispuso las investigaciones y quedó a la espera de los informes del Parque Nacional Galápagos y de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional.
“Este derrame de combustible pudo haber ocasionado graves afectaciones al ecosistema sensible de esta área protegida. Fiscalía dispuso la apertura de la respectiva investigación previa por el presunto delito contra el agua, según lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, manifestó el agente fiscal Cristhian Fárez.
El personal del Parque Nacional Galápagos y de la Armada del Ecuador intervinieron en la zona colocando barreras de contención de derrames y paños absorbentes de hidrocarburos alrededor de la nave, para evitar la dispersión del combustible en aguas abiertas.
La indagación genera un llamado de las autoridades y compañías involucradas en el incidente para que rindan las versiones dentro de este caso.
También se solicitarán los informes correspondientes para establecer si hubo o no negligencia y determinar presuntas responsabilidades. El incidente no generó personas detenidas.
La investigación se da con base a lo dispuesto en el artículo 251 del COIP, que indica que la persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas, y en general los recursos hidrobiológicos, o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (DAB)
Redacción GUAYAQUIL
Tras la declaratoria de emergencia en el Archipiélago de Galápagos, por un derrame de combustible, la Fiscalía de San Cristóbal, indaga un delito ambiental.
El domingo, una gabarra se hundió tras una mala maniobra de una grúa que se aprestaba a cargar un generador en el muelle ‘La Predial’, en la isla San Cristóbal.
El hundimiento se llevó consigo el generador que se encontraba en el contenedor, y la grúa que realizaba el trabajo de embarque. Ambos aparatos cayeron al mar, lo que produjo el derrame de unos 600 galones de diésel al mar.
El Ministerio Público dispuso las investigaciones y quedó a la espera de los informes del Parque Nacional Galápagos y de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional.
“Este derrame de combustible pudo haber ocasionado graves afectaciones al ecosistema sensible de esta área protegida. Fiscalía dispuso la apertura de la respectiva investigación previa por el presunto delito contra el agua, según lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, manifestó el agente fiscal Cristhian Fárez.
El personal del Parque Nacional Galápagos y de la Armada del Ecuador intervinieron en la zona colocando barreras de contención de derrames y paños absorbentes de hidrocarburos alrededor de la nave, para evitar la dispersión del combustible en aguas abiertas.
La indagación genera un llamado de las autoridades y compañías involucradas en el incidente para que rindan las versiones dentro de este caso.
También se solicitarán los informes correspondientes para establecer si hubo o no negligencia y determinar presuntas responsabilidades. El incidente no generó personas detenidas.
La investigación se da con base a lo dispuesto en el artículo 251 del COIP, que indica que la persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas, y en general los recursos hidrobiológicos, o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (DAB)
Redacción GUAYAQUIL
Tras la declaratoria de emergencia en el Archipiélago de Galápagos, por un derrame de combustible, la Fiscalía de San Cristóbal, indaga un delito ambiental.
El domingo, una gabarra se hundió tras una mala maniobra de una grúa que se aprestaba a cargar un generador en el muelle ‘La Predial’, en la isla San Cristóbal.
El hundimiento se llevó consigo el generador que se encontraba en el contenedor, y la grúa que realizaba el trabajo de embarque. Ambos aparatos cayeron al mar, lo que produjo el derrame de unos 600 galones de diésel al mar.
El Ministerio Público dispuso las investigaciones y quedó a la espera de los informes del Parque Nacional Galápagos y de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional.
“Este derrame de combustible pudo haber ocasionado graves afectaciones al ecosistema sensible de esta área protegida. Fiscalía dispuso la apertura de la respectiva investigación previa por el presunto delito contra el agua, según lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, manifestó el agente fiscal Cristhian Fárez.
El personal del Parque Nacional Galápagos y de la Armada del Ecuador intervinieron en la zona colocando barreras de contención de derrames y paños absorbentes de hidrocarburos alrededor de la nave, para evitar la dispersión del combustible en aguas abiertas.
La indagación genera un llamado de las autoridades y compañías involucradas en el incidente para que rindan las versiones dentro de este caso.
También se solicitarán los informes correspondientes para establecer si hubo o no negligencia y determinar presuntas responsabilidades. El incidente no generó personas detenidas.
La investigación se da con base a lo dispuesto en el artículo 251 del COIP, que indica que la persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas, y en general los recursos hidrobiológicos, o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (DAB)