El presidente, Lenín Moreno, reclamó a la Asamblea por no aprobar hasta el momento el proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado, presentado en octubre de 2018; y las reformas a la Ley de Movilidad Humana, remitidas a la Legislatura en julio de 2019.
El objetivo del primero, dijo, es mejorar la defensa nacional, la seguridad ciudadana y el servicio de Inteligencia, como puntos clave para combatir la delincuencia. Mientras que con los cambios en Movilidad se tramitará de manera más ágil la deportación de los extranjeros que comentan delitos en Ecuador.
Esto a propósito del asesinato de una mujer en Quito, el sábado anterior, por parte de un foráneo tras un frustrado intento de robo. “Los extranjeros que vienen a gozar del país, siempre son bienvenidos; (…) los delincuentes, no”, manifestó. Por eso espera que esas leyes sean tratadas y aprobadas en este año.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que con la Ley de Movilidad Humana vigente es poco lo que se puede hacer en materia de seguridad. “No se ha hecho ninguna deportación, la figura de la expulsión no existe”, subrayó.
Por eso, con la reforma se proponen más mecanismos para no permitir la entrada al país de ciudadanos que tengan un determinado perfil o antecedentes penales y sean buscados en sus países por determinados delitos.
Agregó que una deportación es un largo procedimiento. “Primero deben ser sentenciados. Después de cumplir esa condena el país podría enviarlos a sus naciones de origen. Es una herramienta insuficiente”, aclaró.
René Yandún, legislador que integra la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se tramitan estas reformas, dijo que es poco lo que ha avanzado en esta materia. (HCR)
Firma de
convenios con municipios
El Ministerio de Gobierno firmó convenios de cooperación en seguridad con 53 municipios. Con la rúbrica de estos acuerdos son en total 138 alcaldes los que han suscrito los documentos. El Gobierno anunció que en este año se destinarán 100 millones de dólares para la construcción Unidades de Policía Comunitaria y Unidades de Vigilancia a escala nacional, y se facilitarán líneas de crédito por 80 millones para que los cabildos los destinen a temas de seguridad.
Mi opinión
en 30 segundos
Mónica Vera, presidenta Inredh
‘Toda persona tiene derecho al debido proceso’
Lo que el Gobierno está promoviendo con este discurso es la xenofobia. La delincuencia es una forma de demostrar una crisis económica dentro de nuestro territorio; hacer una reforma legislativa no sería la solución. (…) Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y si es un delito flagrante y tiene sentencia, debe cumplir su pena. Si hay una sospecha, tendrá que ser investigado y determinar a través de una sentencia si es o no responsable de un delito. Pero todo ser humano tiene derecho a un debido proceso.