Familias en la provincia sobreviven con múltiples necesidades. Hay quienes no reciben los beneficios del Estado.
Rosa Angélica L., es una de las personas con discapacidad intelectual del cantón Saraguro, que pese a su situación de vulnerabilidad no percibe la ayuda del organismo respectivo. Tiene 31 años de edad, no tiene padres, ni familiares, únicamente un hermano que por situaciones de trabajo vive fuera del cantón.
No cuenta con una vivienda, actualmente vive en una comunidad rural con una vecina de la tercera edad, quien le brinda hospedaje, comida y vestimenta. En esta pandemia, lo único que han recibido son algunos kits alimenticios, pero necesita del bono que le puedan otorgar desde el Ministerio respectivo. “Vivimos únicamente las dos, por ocasiones nos ayudan mis hijos, pero nos urge comprarle vestimenta y zapatos”, dijo Rosa Minga, cuidadora.
Caso similar, le toca vivir a Olga Puglla, también madre de familia de un niño de 2 años del cantón Saraguro, quien clama por ayuda del Gobierno. A sus 24 años, con discapacidad del 33%, su pedido es que le puedan ayudar con el Bono de Desarrollo Humano. Por su condición de vulnerabilidad no trabaja, vive con su madre a quien también le suspendieron el bono desde este año.
Rosa Dominga, en cambio del barrio Caminuma de la parroquia Chaquinal de Pindal, también vive sola a sus 66 años y necesita de atención y acompañamiento en su hogar, debido a problemas de amnesia. Ella, sí recibe el Bono de Desarrollo Humano desde el 2019, sin embargo, su principal problema es su vivienda que está en malas condiciones, cuando llueve pasa el agua y corre el riesgo que pueda caer en cualquier momento.
El pedido de sus vecinos y cercanos es que las entidades locales y del Gobierno puedan ayudarle con el arreglo o dotación de una nueva vivienda. No tiene familiares cercanos, sus sobrinos acuden cuando pueden, pero no siempre, según nos comentó Luz Vera, su vecina que está a cargo de esta persona de la tercera edad, desde hace 5 años. Pese a la insistencia de trasladarle a otra casa, su deseo es permanecer en su morada.
Libia Mendoza, también del cantón Puyango, es otra de las personas que solicita el bono, debido a la situación económica que atraviesan no cuentan con los recursos para sobrevivir. Desde el 2019 le suspendieron este beneficio sin ninguna explicación y hoy clama por ayuda. Tiene una menor de edad en el colegio, su esposo de lo que trabaja en el campo tiene para la comida, sin embargo, los gastos son exagerados y requiere le vuelvan a brindar el aporte económico.
Ciudad
La situación no varía en la ciudad, existen casos similares como el que vive María Acaro en el barrio La Banda, quien es madre de cuatro hijos y no cuenta con los recursos para educación, salud y alimentación. A pesar de los múltiples intentos de conseguir el Bono de Desarrollo Humano no le ha sido posible, pese a presentar la documentación de que en verdad necesita, debido a que es madre soltera y no cuenta con un trabajo fijo.
MIES aporte
José Vicente Ordóñez, coordinador en la Zona 7, en su informe de rendición de cuentas, indicó que en el 2019, un total de 147 mil 649 núcleos familiares accedieron a los servicios del MIES, con una inversión que superó los 100 millones 200 mil dólares. “En el marco de la inclusión social y económica, nuestro objetivo es brindar servicios de calidad a la población que se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza, con el fin de mejorar sus condiciones de vida”, resaltó.
En el marco de la inclusión social, la autoridad zonal señaló que se especifican cuatro servicios: desarrollo infantil, atención integral a personas con discapacidades, servicios de atención gerontológica y sistema de protección especial en el ciclo de vida, con atención a 58 mil 343 personas usuarias y una inversión mayor a los 24 millones de dólares; y, en inclusión económica, se atendió a 89 mil 306 familias con un presupuesto que bordeó los 76 millones de dólares.
EL DATO
Las familias de bajos recursos necesitan principalmente les puedan ayudar con el bono para sacar adelante a su familia.