El proyecto de Ley de Tierras que se tramita en la Asamblea -de mayoría oficialista- podría abrir un nuevo frente de oposición con un sector de militares (sp) que mostraron su inquietud de que los espacios que, tradicionalmente han sido ocupados por este sector puedan pasar a la administración del Estado.
Ciertas áreas estratégicas como campos y polígonos de tiro son “fundamentales” que se mantengan para el entrenamiento y capacitación de los militares, plantearon los coroneles del Ejército (r) Fernando Aguirre y Alberto Molina.
“En el proyecto de Ley (este tema) se menciona de manera general; por ejemplo, se establece que las tierras improductivas se incorporarán a un banco de tierras (…), pero se debe entender que estos son espacios necesarios, caso contrario ¿cómo se entrenan los militares?”, cuestionó Molina.
Compensaciones
Sin embargo, aclaró que, por ejemplo, hay áreas pobladas como Ballenita (Punta Blanca- Península de Santa Elena), donde también había polígonos de tiro. “Obviamente… si es un sector poblado, sería absurdo que esas tierras no sean entregadas al Estado porque no podrían utilizarse para esta actividad”, señaló.
Pese a ello, el uniformado (sp) sostuvo que en compensación se deberían buscar otros lugares para que los miliares “no se queden sin estos espacios” necesarios para su entrenamiento.
Fernando Aguirre consideró que la “máxima preocupación” sobre este tema también debería venir del mando militar, y -sugirió- que deberían presentar un informe al Gobierno sobre las diferentes áreas que están protegidas por las Fuerzas Armadas y que en muchos casos son “estratégicas”. También podría haber una “recomendación” al poder político sobre la prioridad o no de ciertas áreas, indicó.
Terrenos de ‘utilidad pública’
César Umajinga (PK), integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, también dijo que en este proyecto de Ley, en el tema de acaparamiento y concentración de tierras público o privado, no se especifica a ningún sector ni de la Policía, Fuerzas Armadas, o Iglesia, etc., “a pesar que ellos sí tienen la concentración de tierras”, señaló.
Pero, aclara que de acuerdo con los análisis e inspecciones que deberán realizarse (una vez aprobada la norma) los terrenos improductivos que no cumplan una función social ambiental “de cajón” serán declarados de “utilidad pública” y pasarían a manos del Estado a través de la Autoridad Agraria Nacional.
“Si las tierras cumplen con la función social ambiental, y si están produciendo, nadie debe asustarse”, afirmó Umajinga.
Un caso
Según el coronel Alberto Molina, en el caso de la hacienda Aychapichu que (en la década de los 70) fue entrega a las Fuerzas Armadas, una parte fue ocupada para viviendas, otra fue usada como refugio para la munición y otros espacios para el sembrío y para el autosustento de las tropas.
Actualmente, este lugar se encuentra en la sede de la brigada de infantería militar Pichincha en el Fuerte Militar Atahualpa. (SC)
‘Preocupación no se justifica’
El asambleísta Gabriel Rivera (PAIS) cree que la preocupación de los uniformados (sp) no se justifica porque a ningún Gobierno se le ocurriría eliminar los sitios de entrenamiento y preparación.
“Si es que existen activos improductivos de instituciones, entre ellos de Fuerzas Armadas, que se requieran para construir viviendas o hacerlos producir, se deberá tener todo el cuidado posible para que no se pierdan los espacios donde la Fuerza ública pueda entrenar”, afirmó.
El dato
Las tierras improductivas en diversas áreas se incorporarían a un banco de tierras.