Existirían vulneraciones al debido proceso judicial, así como a las libertades de expresión y asociación.
Los líderes comunitarios criminalizados por la defensa de sus derechos y de sus territorios frente a proyectos extractivos han sido víctimas de “hostigamiento judicial”, además de la conculcación a las libertades de expresión, asociación y reunión, y el derecho a la propiedad y participación.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que estudió tres casos de dirigentes que fueron judicializados.
Los miembros de la misión escogieron los procesos judiciales de: Javier Ramírez, quien pagó una condena de 10 meses de prisión por la lucha en Íntag; José Acacho, acusado por terrorismo organizado y con una pena de 12 años de prisión; y, Manuel Trujillo, con aproximadamente 30 procesos judiciales por su defensa en la comunidad San Pablo de Amalí.
Al revisar el procedimiento en cada caso, los investigadores encontraron que los tipos penales vigentes en ese momento, como terrorismo y sabotaje, permitieron que se “abuse de la ambigüedad y la amplitud” de los delitos, explicó José Araya, del Observatorio Ciudadano de Chile y parte de la FIDH.
Las acciones judiciales en contra de los líderes, además, tienen un patrón que consiste en el inicio de una acción legal, seguida de otras, con el “interés del Estado de que la persona esté prisionera y no sea condenada para inhibir su acción en los territorios”.
Vinculado al proceso judicial, la FIDH encontró que las empresas a las que se les ha concesionado los proyectos extractivos inciden en el juzgamiento y que existe presión a los tribunales de justicia, según Araya. “
Otras violaciones
El estudio, para el cual se entrevistó a funcionarios estatales, determinó que también existen vulneraciones en procesos administrativos, como con las servidumbres mineras en la comunidad San Marcos, en Zamora Chinchipe.
En ese ámbito se incluye al decreto 16, como un instrumento que podría permitir que el Estado genere acusaciones por injerir en políticas públicas, cuando es un derecho de los dirigentes. “Genera un espacio arbitrario de intervención del Estado”, añadió el experto.
A eso se deben sumar las agresiones verbales de las que son objeto los habitantes de esas zonas y las expulsiones de sus propiedades.
Recomendaciones
La FIDH redactó recomendaciones a las autoridades gubernamentales, a los operadores judiciales y a las empresas. “Reconocer la importancia de la libertad de expresión y la legitimidad de las acciones pacíficas de denuncia”, señaló Diana Murcia, parte de la misión.
La entidad considera necesario que las autoridades se abstengan de realizar declaraciones que estigmaticen, que diseñen mecanismos y adopten medidas urgentes para garantizar la participación efectiva de las comunidades, y que prohíban el uso desproporcionado de la fuerza.
A los operadores judiciales, que se luche contra la impunidad de las violaciones de los derechos de las que han sido víctimas los líderes comunitarios.
Finalmente, a las empresas recomienda garantizar la participación de las personas que podrían ser afectadas, que establezcan mecanismos de reclamo y que se abstengan de intervenir en áreas habitadas por pueblos indígenas.
El asambleísta de PAIS Gabriel Rivera cuestionó el informe porque considera que se está tratando de “desprestigiar a la (autodenominada) ‘revolución ciudadana’, pero si va objetivamente a revisar los procesos va a encontrar que han cometido delitos penales”.
Por eso considera que en un Estado de derechos, como Ecuador, deben imperar las leyes. “En base a la protesta han cometido crímenes. Se muestran como víctimas, perseguidos políticos, pero en realidad son victimarios”, señaló. (AGO)
3
casos estudió a profundidad la entidad.
10
meses de prisión pagó Javier Ramírez.
Mi opinión en 60 segundos
Javier Ramírez
‘Siguen las amenazas’
° “Es importante que por lo menos se dé a conocer estos casos. A mí el Gobierno me ha dado una fama de terrorista que no soy. He luchado por el bienestar de los demás, por que se respete el derecho de las personas, de la naturaleza.
° Siguen con la amenaza en la comunidad. Si la población se reúne, ya están enviando policías y militares. No se puede ni planificar un trabajo en la comunidad. No podemos hacer nada, siempre estamos vigilados”.