Redacción QUITO
A través de un comunicado de prensa, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) denunció que no cesan los cobros indebidos, vía coactiva, efectuados por los municipios de la provincia de Esmeraldas a una serie de empresas, a pesar de la denuncia pública realizada hace más de tres meses.
Estos cobros se realizan por concepto de patente comercial y 1,5 por mil sobre activos. “Continúa la emisión de títulos de valor por montos desproporcionados, según cada caso, que, en suma, llegan a superar el presupuesto anual de algunos gobiernos locales como Quininde y Eloy Alfaro”, puntualizó el CEE.
Estas prácticas, supuestamente amparadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, no estarían respetando las disposiciones locales que estipulan que las empresas sujetas a cobros deben estar domiciliadas o contar con establecimiento en la respectiva jurisdicción territorial.
El Dato
Hasta octubre pasado, el CEE estableció que los cobros indebidos superaban los 70 millones de dólares.
Además no se estaría tomando en cuenta que los impuestos deben establecerse de acuerdo a la proporcionalidad de activos y de la actividad comercial. “Flagrantemente incumplen con el requisito de domicilio, que en todos los casos corresponde a jurisdicciones distintas. Incluso, la notificación a la parte afectada se ha efectuado de forma fraudulenta a través de interpuestas personas y no como prescribe la Ley ante la sede de la empresa y su representante legal”, aclaró el comunicado
Esta situación, a criterio de CEE, sería producto de la gestión de un grupo de abogados que han promovió la idea de obtener dinero fácil, cobrando ingentes sumas por sus “diligentes” servicios. “En la capital, Esmeraldas, se ha llegado a aprobar una ordenanza ad-hoc para legitimar una comisión del 20 por ciento de lo recaudado”, añadió el documento del gremio.
La Contraloría General del Estado ya ha dispuesto un examen especial a la utilización de los fondos recaudados por los municipios por la vía coactiva. Sin embargo, los empresarios han pedido las investigaciones se extiendan al cobro de tasas excesivas derivadas de las ordenanzas de implantación de radio bases de telefonía móvil.
“El dinero mal habido tendrá que ser devuelto en algún momento, según sentencias de juez competente que ya se vienen dando, lo cual supondrá un problema para las nuevas autoridades a ser elegidas próximamente”, concluyó el comunicado (JS)