La Corte Constitucional entra al ‘ring’ para resolver un posible conflicto de competencias entre el CNE y TCE.
Al entorpecido proceso de elecciones se sumó una decisión polémica tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Eso ahondó aún más las diferencias entre esta institución y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), respecto a la posibilidad de que el movimiento Justicia Social pueda participar en los próximos comicios.
En la resolución aprobada la noche del lunes, por cuatro vocales del CNE, se suma al escenario la Corte Constitucional (CC), que figura como una suerte de réferi para resolver una demanda de conflicto de competencias entre las dos instituciones.
Analistas sostienen que el planteamiento del consejero Luis Verdesoto es un despropósito, pues lo único que en este caso cabe es acatar la sentencia del TCE, que permite que Justicia Social pueda hacer sus procesos de democracia interna e inscribir candidaturas, entre ellas la del binomio Álvaro Noboa – Gino Cornejo.
Si el TCE decide aplicar la Ley, podría notificar a la Fiscalía para que investigue el delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ,con uno a tres años de prisión. Eso deberá ser juzgado por jueces ordinarios. (FLC)
Arturo Cabrera – Presidente del TCE
“Al parecer, los cinco vocales del CNE sufren de sospechosa amnesia colectiva. No tienen un solo pretexto para incumplir la sentencia.
Las sentencias deben ser cumplidas y no pueden ser interpretadas y menos analizadas. Buscan eludir el cumplimiento de una sentencia que es obligatoria.
EL TCE, en ejercicio de sus facultades y revisando los contenidos de los hechos fácticos, más la falta de motivación del CNE, decidió que las medidas cautelares resultaban atentatorias para la organización política Justicia Social.
Las decisiones de los consejeros del CNE, generarán consecuencias y tendrán que asumirlas. El proceso electoral no corre riesgo, lo que está en riesgo es la participación política de una organización determinada.
Esta etapa de inscripción de candidaturas debe resolverse hasta el 30 de diciembre. No existen razones para postergar las elecciones”.
Enrique Pita – Vicepresidente del CNE
“Discrepo con la opinión de que nosotros hayamos caído en desacato. Para evitar que se pueda interpretar el desacato a una disposición del TCE, consideramos pertinente recurrir a la Corte Constitucional para que defina lo que nosotros no estamos en capacidad de hacerlo.
O hacemos esto o acatamos obedientemente, bajamos la cabeza y miramos al suelo y decimos tú, TCE, tienes la última palabra y estamos obligados a que todo lo que tú digas, subordinadamente tengo que atenderlo.
Si es que el juez, Ángel Torres, tiene fotos o grabaciones de una reunión con líderes políticos y vocales del CNE, que las exponga. Yo no tengo que preocuparme sobre lo que el juez pueda hacer mención.
Si esta situación sigue es posible mover la fecha de la primera vuelta. Hay fechas que no se pueden aplazar como la posesión del Presidente y asambleístas. La segunda vuelta es casi inamovible también”.
Ismael Quintana – Constitucionalista
“Se quiere utilizar a la Corte Constitucional (CC) como una salvaguardia por parte del CNE. Esperan que falle a su favor y luego utilizar la sentencia como pretexto para incumplir la decisión del TCE.
El CNE, está incurriendo en una infracción electoral muy grave, por no acatar las decisiones emanadas por los órganos de la Función Electoral, en específico la decisión del TCE. La sanción en contra de los cuatro vocales podría ir entre la multa, la destitución o ambas. Esta destitución debe darse por parte del propio TCE”.
Carlos Aguinaga – expresidente del extinto TSE
“Hay un choque entre los órganos administrativo y de justicia electoral que se deriva de una sentencia que dicta medidas de reparación integral, que transgreden normas del derecho público.
Sobre la demanda, la Corte Constitucional puede resolver que las competencias de cada institución están claras. También puede ocurrir que sí existe un conflicto de competencias o que no hay objeto lícito para el conflicto. Lo que la Corte no puede entrar a resolver, pues no está en su facultad, es si cabe o no la candidatura de Justicia Social. Ya no puede haber más candidaturas”.
Gino Cornejo – postulante a la Vicepresidencia por Justicia Social
“El CNE debe acatar la sentencia del TCE. Vivimos en un Estado de Derecho, no de anarquía. Los consejeros eluden su responsabilidad y dilatan el proceso por más de 44 días.
Estamos viviendo una inseguridad jurídica. Hemos formalizado ya una denuncia ante la Fiscalía por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. También demandamos al CNE ante los organismos internacionales. De esto tienen conocimiento la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y Comunidad Europea”.
Esteban Ron – experto en temas electorales
“No hay un conflicto de competencias entre el CNE y TCE. Lo que la Constitución le faculta al TCE es resolver cualquier conflicto en materia electoral, mientras que el CNE es el que supervisa los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas.
Los consejeros del CNE, siguen en flagrante desacato de la orden legítima de autoridad competente. La resolución aprobada el lunes no suspende la ejecución de la sentencia.
El planteamiento de la demanda de conflicto de competencias debe ser sujeto a admisión en la Corte Constitucional”.
Ángel Torres – juez del TCE
“Ahora dicen que existe un conflicto de competencias y que el TCE se inmiscuye en decisiones que le corresponden al CNE, usando falacias jurídicas.
Hubo una reunión entre altos líderes políticos en Guayaquil con vocales del CNE.
Conozco el domicilio donde se realizó este encuentro. Si la Fiscalía me convoca, daré detalles sobre nombres y apellidos de las personas que me hicieron saber de la reunión en Guayaquil”.