El Consejo de Participación transitorio le pone un ‘alto’ a la Corte Constitucional

Sesión. Las resoluciones tomadas ayer no fueron por unanimidad.
Sesión. Las resoluciones tomadas ayer no fueron por unanimidad.

No solo evaluará a sus miembros, sino advirtió que, si interrumpe su trabajo, será causal de destitución.

La Corte Constitucional (CC) ingresó ayer al grupo de entidades evaluadas por el Consejo de Participación transitorio. El mandato fue aprobado por seis de los siete consejeros; el voto en contra fue de Xavier Zavala Egas.

A partir de la notificación y en un plazo improrrogable de siete días, los nueve jueces constitucionales deberán presentar un informe de gestión desde su designación. Además, el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz deberá remitir un informe ejecutivo sobre la gestión. El mandato también da cinco días de plazo a la ciudadanía para que presente denuncias contra la Corte o sus jueces.

La Judicatura, otra de las evaluadas, pidió a la Corte un criterio sobre la legalidad de las acciones del Consejo. En la resolución de ayer consta: “Prevenir a los jueces de la Corte Constitucional que la obstaculización del proceso de evaluación con decisiones que vayan en contra o limiten las facultades ordinarias y extraordinarias del Consejo (…) se considerará como desacato al mandato popular del 4 de febrero y habilitará al Consejo transitorio a dar por terminado anticipadamente el periodo de los jueces que corresponda”.

Además, desde que se instaló el Consejo transitorio es la primera vez que los mandatos no se aprueban por unanimidad. Zavala Egas justificó su voto en contra aduciendo que las facultades del organismo de transición, ordinarias y extraordinarias, no se aplican para la evaluación de la Corte, ya que no está sometida a su control porque no fue la entidad nominadora. “Por lo tanto, no está en el ámbito de competencia, ese es mi criterio jurídico”, argumentó.

7
miembros tiene el Consejo Transitorio.Sin embargo, Pablo Dávila considera que sí está dentro de los organismos a evaluarse, aunque con un mecanismo diferente: “Dejar sin evaluación a la Corte sería incumplir el mandato popular. Evidentemente, estamos en un área de interpretación normativa y estamos usando principios de interpretación constitucional que dice que prevalezca la voluntad popular”.

Mandato de selección
En la misma sesión se aprobó el mandato de selección de autoridades. Tampoco hubo unanimidad, ya que Zavala Egas se abstuvo. El mandato cambia lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, que señala que para la designación de autoridades se organizarán comisiones ciudadanas que harán los concursos. Estas comisiones, según la Constitución, deberán estar integradas por delegados de cada Función del Estado, de organizaciones sociales y de la ciudadanía.

209
es el artículo de la Constitución que generó polémica en la aprobación del reglamento. Sin embargo, en el mandato aprobado se establecen comisiones técnicas integradas por un veedor, dos comisionados ciudadanos y dos delegados del Consejo. Estas comisiones deberán contar con delegados de organizaciones de trabajadores, empresariales, de la academia, de colegios profesionales y de organizaciones de la sociedad civil, omitiendo la presencia de representantes de las Funciones del Estado. (HCR)

Los jueces evaluados

Su pasado

° Alfredo Ruiz Guzmán: Se ha desempeñado como asesor jurídico de numerosas organizaciones sociales y de trabajadores como sindicatos, asociaciones, comités de empresa, federaciones y centrales sindicales.

° Roxana Silva: Fue consejera del primer Consejo de Participación. Fue consejera del Consejo Nacional Electoral. Abogada patrocinadora en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer.

° Pamela Martínez: Catedrática de Derecho. Desde 2005 es árbitro del Centro de Mediación, Arbitraje de la Fundación Nueva Justicia y Mediadora Calificada de la Procuraduría.

° Francisco Butiñá: En el Gobierno de Rafael Correa fue Asesor del Ministerio del Deporte, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Director de Asesoría del Ministerio de Transporte, Jefe Jurídico Administrativo de la Corporación Aduanera y abogado de la Contraloría General de Estado, entre otros cargos.

° Wendy Molina: Docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Fue delegada de la Función de Transparencia. Fue asesora del expresidente de la Corte Patricio Pazmiño, identificado también con el correísmo.

° Tatiana Ordeñana: Fue directora técnica del Consejo Nacional de Mujeres, Consejera de Participación Ciudadana y asesora del Ministerio del Litoral.

° Marien Segura: Se desempeñó como Jueza de la Unidad Judicial de La Familia Mujer Niñez y Adolescencia de Guayas; fue directora subrogante del Departamento Legal del Ministerio de Salud; Subsecretaria del Litoral del Ministerio de Justicia; Directora de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil.

° Ruth Seni: Ministra de la Corte Suprema de Justicia, delegada Distrital del Consejo de la Judicatura de Manabí, vocal del Tribunal Constitucional, vocal alterna de la Judicatura entre 1998-y 2003.

° Manuel Viteri Olvera: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ministro de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Procurador General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Asesor del Movimiento de Mujeres de Los Ríos; Síndico de Barcelona; Fiscal de los Ríos, vocal del ex Tribunal Constitucional.