Editores de periódicos de Ecuador piden veto a polémica ley

Quito

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) pidió hoy al presidente Alfredo Palacio que vete la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento, que sanciona el espionaje y divulgación de llamadas telefónicas sin consentimiento.

En un comunicado que publican hoy los diarios, los editores de periódicos recuerdan que la Constitución consagra y garantiza la libertad de expresión, la reserva de la fuente, la libertad de prensa y el libre acceso a la información pública.

La ley aprobada el pasado miércoles por el Parlamento castiga la interceptación, interferencia, publicación o difusión, sin previo consentimiento de las partes, de informaciones transmitidas mediante servicios de telecomunicaciones u otras formas de comunicación.

La petición de la AEDEP se suma al que el martes hicieron las asociaciones de canales de televisión y de emisoras de radio de Ecuador, que rechazaron la controvertida ley al asegurar que con ella se violan varios derechos bajo el pretexto de proteger la privacidad de las personas.

Los medios de comunicación temen que la Ley aprobada por el Parlamento interfiera en el trabajo de los periodistas para efectuar denuncias.

Al igual que las asociaciones de televisión y radio, la AEDEP pide que el jefe de Estado vete la polémica ley propuesta por el diputado del Partido Social Cristiano, Alfonso Harb.

El diputado Ernesto Pazmiño, del Partido Izquierda Democrática, ha señalado que la ley pasó la semana pasada en el pleno del Legislativo sin un debate a fondo.

Pazmiño afirmó que la rapidez con la que se aprobó el proyecto de ley en el Parlamento, le impidió presentar una observación en el sentido de que en la prohibición que establece el texto se exceptúe a los medios de comunicación.

Harb, que antes de ser diputado ejercía las funciones de periodista deportivo en televisión, sostiene que con su propuesta no se pretende atentar contra la libertad de prensa, sino castigar el espionaje.

Dependiendo de la información divulgada, la sanción va desde seis meses de prisión y multas de 500 dólares hasta nueve años de cárcel y 10.000 dólares de multa.

EFE