Aunque la corrupci es un mal de todos los tiempos, su combate inicia en el Ecuador reci en julio de 1998, seg dijo el asesor jurico del Ministerio Plico, Washington Pesantes Muz. De acuerdo con el jurista, el tema es materia de los jueces penales, quienes esperan consolidar un ente que coordine las respectivas acciones legales en el pa. Al Ministerio Plico, seg lo determina en la Constituci y el Cigo Penal, le compete investigar y pedir la sanci de los implicados en los casos de peculado, concusi, cohecho y enriquecimiento ilito, que cada vez afectan m los intereses del Estado, expres No en vano el Ecuador ocupa el noveno lugar en el mundo como pa m corrupto, y tercero en Amica Latina, seg la organizaci Transparencia Internacional , dijo el asesor de la Fiscal General de la Naci. En todos los gobiernos, desde el regreso a la democracia, han ocurrido escdalos de corrupci, en los cuales los implicados regresan para ser candidatos o para gobernar, afirmPesantes. No obstante del sombr panorama ecuatoriano, Washington Pesantes, cree que el camino estabierto para luchar en contra del flagelo de la corrupci y que la esperanza de erradicarlo es alentadora. La Carta Polica determina que desde el 10 de agosto de 1998 los casos de peculado, concusi, cohecho y enriquecimiento ilito, son imprescriptibles y que el juzgamiento de sus autores puede darse a en su ausencia por fuga. Adem, la carta fundamental en su artulo 3 numeral 6, reconoce a sus ciudadanos el derecho a contar con una administraci plica libre de corrupci. Se firmun acuerdo En ese bito, la Fiscal, mediante un acuerdo firmado el micoles, se convertiren la instituci rectora de los actos deshonestos de los funcionarios y dignatarios del pa. Serel Ministerio Plico el que judicialice las indagaciones realizadas por la Comisi de Control Cico de la Corrupci, Contralor General del Estado y Oficina de Control de la Gesti Plica de la Presidencia. No obstante, hay un inconveniente: el ex titular de esa tima dependencia, Ram Yulee Changu, estsindicado en un juicio y se dio a la fuga. El objetivo del convenio interinstitucional, seg la ministra fiscal, Mariana Yez de Velasco, es evitar la duplicaci de esfuerzos y acelerar la intervenci de los jueces penales. QUITO
