Dos funcionarios del gobierno de Correa estarían detrás de la filtración de datos personales

El ministro de telecomunicaciones aclaró que no se trata de un hackeo ni de un ataque cibernético, sino de la venta de bases de datos de una empresa ecuatoriana a otra domiciliada en Miami. Foto: @ComunicacionEc.
El ministro de telecomunicaciones aclaró que no se trata de un hackeo ni de un ataque cibernético, sino de la venta de bases de datos de una empresa ecuatoriana a otra domiciliada en Miami. Foto: @ComunicacionEc.

Redacción QUITO

Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, informó esta tarde, durante una rueda de prensa en el palacio de Carondelet, que el gobierno ecuatoriano recibió una alerta, sobre una posible filtración de datos sensibles de millones de ecuatorianos, el pasado 11 de septiembre.

Además, precisó que de forma inmediata, a través de Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y Centro de Respuestas de Accidentes Informáticos (Ecucert), se aplicaron los protocolos necesarios para proteger la posible vulneración de la información, y para cerrar el acceso a la nube en donde estaban alojados.

“La información de todos los ecuatorianos, hay que dejarlo claro, está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la cyber seguridad”, dijo

Así mismo confirmó que los dos principales accionistas de la empresa ecuatoriana Novaestrat Compañía De Responsabilidad Limitada, la cual vendió la información reservada a otra empresa privada extranjera, fueron ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa.

Rodrigo Martínez, presidente y propietario de Novastratech, fue funcionario de Bencuador; mientras su socio, Roberto Garcés, fue gerente de investigación y desarrollo en el Banco Nacional de Fomento.

“Funcionarios públicos del Gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaron, y tuvieron acceso al Sistema de Información Nacional, está detrás de la empresa infractora”, reconoció Michelena.

Sin embargo, el funcionario lamentó no poder dar mayor información porque está en curso una investigación penal.

“Esperamos que sean detenidos los ecuatorianos que han trabajo o negociado bases de datos públicas sustraídas desde las propias instituciones del estado. Hay que dejar claro que no hay información bancaria en riesgo”, concluyó. (JS)