Redacción QUITO
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo calificó como una regresión de derechos a la resolución de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, que en diciembre pasado, dispuso el cambio en la fórmula de cálculo del interés en las tarjetas de crédito.
Por tal motivo, esta dependencia publica pidió la inmediata derogatoria de la normativa, por considerarla «contraria al principio constitucional de progresividad y afecta al derecho a la información».
Esta resolución, defendida por la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) como una modificación. técnica que corrige una mala interpretación de la ley durante el anterior gobierno, establece que en los casos en los que el cliente pague el mínimo o menos de la cuota total de su consumo corriente, la tasa de interés se calculará desde el día de la compra, y no desde la fecha máxima de pago
Según, Julio José Prado, presidente de la Asobanca, esa modalidad estuvo en vigencia hasta febrero de 2017, y considera la realidad del negocio donde los bancos asumen todo el riesgo del cobro.
Sin embargo, la Defensoría, además de pedir la derogatoria de la resolución, también exige a la Superintendencia de Bancos que controle a las instituciones financieras públicas y privadas para que den cumplimiento al artículo 8 de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.
Este artículo contempla el derecho de las personas a acceder a educación financiera que les permita comprender sus derechos y obligaciones y, de este modo, tomar decisiones informadas, y defender sus derechos, explica el comunicado.
Finalmente, la dependencia pública recalcó que la normativa aprobada a finales del año pasado no cumple lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que señala el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa para ejercer el derecho a la libre elección.
Por su parte, ayer, Andres Michelana, el secretario de Comunicación, anunció que Lenin Moreno, presidente de la república la inmediata reunión de la Junta Monetaria y el ministro de Economía para revisar la resolución e implementar los correctivos necesarios para no afectar a los usuarios del sistema financiero. (JS)