Redacción QUITO
La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresó su preocupación frente a la posición presentada por las autoridades estatales de Ecuador, que participaron en la audiencia ante la CIDH, realizada el 6 de diciembre de 2018.
Esta cita trató sobre las medidas cautelares 309/18 emitidas como consecuencia del secuestro de Efraín Segarra, Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes, miembros del equipo de Diario El Comercio; y sobre la implementación del mecanismo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Así lo dio a conocer la institución encargada de precautelar los Derechos Humanos a través de un comunicado.
En la misiva, firmada por Gina Benavides, defensora (e), se señala que: “Si bien el Estado ecuatoriano fue quien, ante los lamentables sucesos ocurridos con el equipo periodístico de Diario El Comercio, solicitó la intervención de la CIDH y la creación del ESE, llama la atención las aseveraciones expresadas por el Procurador General (Íñigo Salvador) en las que indicó que el Estado ecuatoriano no aceptaría que se realice un peritaje en zona de frontera”.
La Defensoría también mostró su inquietud frente a la afirmación del Procurador, al sostener que “el secuestro del equipo periodístico habría tenido lugar en Colombia, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado”.
Ante esta posición del Estado ecuatoriano, “la Defensoría del Pueblo del Ecuador, reconoce y valora el trabajo que ha venido realizando el ESE y considera que el mismo debe mantenerse como una garantía para avanzar hacia la concreción de los derechos a la verdad”.
El documento también muestra el apoyo a la realización de todas las acciones previstas por el ESE con la finalidad de que cumpla de manera efectiva con su plan de trabajo, y pide continuar con la investigación de los hechos sucedidos en la frontera norte vinculados al secuestro, cautiverio y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. (DVD)