
Justo cuando se preguntó cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo, en Esmeraldas, frente a lo que fue la masiva movilización interna de sanlorenceños afectados por el terrorismo, la respuesta de la defensora, Lourdes Proaño Albán fue concreta pero evasiva: “no podemos responder por algo que no hizo el anterior Defensor del Pueblo”.
Tampoco hay un pronunciamiento oficial de la vulneración a los derechos humanos de niños, embarazadas, hombres y adultos mayores quienes en Esmeraldas desde hace dos años están en albergues tras ser declarados damnificados por terremoto, inundaciones o deslizamientos.
En lo que sí enfatiza, es que gracias a la gestión de la defensora del Pueblo nacional, Gina Benavidez, ya tienen un informe Defensorial para que se emita una Acción de protección en contra de la Resolución 073 emitida en 2016, que declara la Isla de Muisne como zona de altísimo riesgo frente a eventos naturales.
Menos dinero, más trabajo
Desde la Defensoría dejan claro su posición frente a la movilidad humana, están convencidos de que a los venezolanos que llegan masivamente al Ecuador, no deben considerarlos como un problema, sino como víctimas de una situación humanitaria.
Argumentan que por la necesidad ellos incluso trabajan más tiempo de lo establecido y por menos dinero. “En San Lorenzo tenemos reportados 160 venezolanos. Ninguno está en albergue, están arriendando en grupo y trabajando en palmicutoras, restaurantes…”, detalla la Defensora del Pueblo.
Asegura que en la reunión que tuvieron con los extranjeros, le habrían asegurado que no exigen derechos, solo que los acojan como seres humanos en vulnerabilidad terrible, generada por la falta de trabajo y pobreza en su país de origen.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo pide que los países sudamericanos se unan y pidan el Gobierno de Venezuela garantizar el buen vivir de su gente. En el caso de Ecuador, que suspenda en su totalidad el pedido de pasaporte a venezolanos, ya que se contrapondría, por ejemplo, al artículo 40 de la Constitución que garantiza la movilidad humana; legalmente presentado la cédula.
Ecuatorianos también migraron
“Ahora pareciese que en el Ecuador nunca hubo delitos, hambre, que todos teníamos trabajo, una parte de la xenofobia es eso, pensar que con los venezolanos estamos mucho peor. Reconozco que sí hay problemas por la cantidad que ingresan, pero el derecho humanitario internacional nos obliga a recibir a quienes están en movilidad humana”, analizó Lourdes Proaño Albán
Además frente al pedido de algunos de que se vayan los venezolanos, remembró que en el 2000, migraron 2.5 millones de ecuatorianos y 250.000 hacia Venezuela cuando allá estaban en mejor situación de la actual, ahora todo se invierte.
“Ecuador, más que ser un el destino de los venezolanos es un lugar de paso. En 2017 se quedaron 50 mil y ahora unos 75 mil”.
Lourdes Proaño Albán, defensora del Pueblo en Esmeraldas.