Andrés Ycaza, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, explicó que las dos nuevas preguntas presentadas por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, caen en los mismos vicios de anteriores propuestas de consulta popular antiminera.
La primera pregunta señala: “¿está de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?
La segunda con la que buscan un control constitucional es la siguiente: “¿Está de acuerdo que se cancelen las concesiones mineras metálicas que hayan sido otorgadas con anterioridad a esta Consulta Popular, en fuentes de agua, zona de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?”.
Cuestionamientos
“La primera pregunta incumple con los requisitos de Ley y no establece, de manera adecuada y sin sesgos, que es lo que se quiere consultar a los ciudadanos. La segunda pregunta es abiertamente inconstitucional y atenta contra los derechos adquiridos por los concesionarios mineros”, dice Ycaza.
Agrega que Pérez está planteando la reversión de todas las concesiones mineras en Azuay. De darse viabilidad, el país podría enfrentar demandas y litigios internacionales con montos elevados de indemnizaciones por pagar.
“El prefecto Pérez debería estar consciente que se podría iniciar procedimientos de repetición contra él. Estas solicitudes generan nerviosismo. La minería es un negocio de muy largo plazo, cuyos resultados se ven en 25 o 30 años. Mirador, que exportó la semana anterior, fue descubierta en el 2006”.
Recursos
Tanto la Cámara de Minería, que agrupa a 160 empresas del sector, como autoridades de Gobierno han repetido que, aunque se respeta el derecho de las personas a ser consultadas, no puede ser que temas de alcance nacional se quieran decidir en una sola zona o provincia.
“La Corte todavía no avoca conocimiento del nuevo pedido, pero cuando lo haga tendrá 20 días hábiles para pronunciarse. Presentaremos varios Amicus curiae para defender el desarrollo responsable de la minería en el país”, informó Ycaza. (JS)