Luego de tres semanas de paralizaci de las registradurs de la propiedad y mercantiles de todo el pa, la Corte Suprema de Justicia emitiun comunicado en que respalda las tasas fijadas para el cobro de esos servicios, que fueron la causa para que esas entidades tomar la medida de hecho.
«La fijaci de aranceles registrables son una atribuci y un deber impuestos por la ley al Consejo Nacional de la Judicatura y la determinaci de sus valores o cuants han sido reclamadas por los usuarios vtimas de la arbitrariedad y abusos cometidos por algunos registradores de la propiedad», dice la Corte Suprema.
Y agrega que los registradores de la propiedad est «acostumbrados a exigir y obtener el pago de aranceles de acuerdo a su propia y particular discrecionalidad, a pretexto de la obsolescencia del Reglamento que los hab fijado en 1996».
La vpera, el Consejo Nacional de la Judicatura denunciserias anomals al interior de las registradurs de la propiedad y mercantiles, como es el caso del cobro de m de 50 mil dares por la legalizaci del aumento del capital de una empresa de la ciudad de Quito.
Los argumentos
El director nacional de las registradurs, Telmo Andrade, anunciayer el levantamiento de la medida de hecho, aunque puntualizque a existe la petici para mantener un diogo directo con los vocales del Consejo de la Judicatura, con respecto a la fijaci de los montos a cobrarse por las distintas transacciones.
Los registradores de la propiedad han supeditado el servicio a la comunidad argumentando que las tarifas se manejan cual si fuere un negocio cualquiera, y que facturaciones afectan a quienes, como ciudadanos y usuarios, deben realizar trites.