A inicios de mayo de manera sorpresiva las autoridades de 32 instituciones públicas de educación superior del país conocieron sobre la rebaja de más de 98 millones de dólares a su presupuesto, decisión tomada por el Gobierno para enfrentar la grave crisis económica y de salud que se vive en el Ecuador.
La Secretaría De Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt) justificó el recorte al advertir de que los efectos de la pandemia del coronavirus ha incidido de forma negativa en la economía de muchos países.
En un comunicado oficial, la Senecyt explicó que los presupuestos de las universidades se financian con un porcentaje de la recaudación del Impuesto al Valor Añadido (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR), por lo que la disminución de esos ingresos repercutirá en las asignaciones a los centros académicos del Estado.
La Senescyt explicó que podría registrarse una bajada de un 10% en la recaudación tributaria, pero remarcó que trabajará con cada centro académico y con el Ministerio de Finanzas para intentar proteger la operación adecuada de cada universidad.
Frente a esta decisión varias marchas de protestas se dieron en el país, donde maestros, autoridades y estudiantes exigían que el Gobierno revea esta decisión, además se presentaron varios pedidos de medidas cautelares al considerar que esta medida es insconstitucional.
Decisión
La noche de ayer mediante un comunicado la Corte Constitucional dio a conocer que se deja sin efecto la medida tomada por el Gobierno y dispuso a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que “suspendan y se abstengan de hacer modificaciones presupuestarias que pueden tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”.
En total, la Corte recibió tres demandas de incumplimiento de sentencias y una demanda de incumplimiento de normas o actos administrativos, en contra de la resolución del Ministerio de Finanzas.
Acciones
El lunes 11 de mayo una delegación de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) encabezada por su rector, Galo Naranjo, acudió hasta el Complejo Judicial Ambato para interponer una solicitud de medida cautelar por la inconstitucionalidad del recorte presupuestario.
En su intervención la autoridad señaló que esta medida violenta el derecho al trabajo y a la vida de los servidores de las instituciones de educación de tercer nivel.
En el documento presentado aquel día se señalaba que “la disminución del presupuesto que afecta principalmente a la partida 51, correspondiente a nómina, imposibilitaría la contratación de 318 docentes ocasionales que constan en los distributivos y horarios aprobados, y que se encuentran impartiendo sus asignaturas”.
Frente al pedido la tarde de ayer el juez de Garantías Constitucionales de Ambato, Jorge Enrique Arcos, dispuso la suspensión provisional y de forma inmediata de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en torno a la reducción del presupuesto para las universidades públicas del país.
Ángel Polibio Chaves, abogado de la UTA, mencionó que la decisión del Juez hace que el recorte presupuestario se suspenda definitivamente y debido a que esta medida es de única instancia tiene que ser respetada por las autoridades del Gobierno Nacional.
“La universidad es sensible de la situación que vive el país, nosotros pretendemos que las cosas se hagan con respeto a la Constitución y a la ley”, dijo.
Chaves aseguró además que en los próximos días el Consejo Universitario se reunirá para realizar un análisis minucioso de su presupuesto para realizar los ajustes que sean necesarios con el fin de no incurrir en gastos que no sean indispensables. (RMC/FC)