César Montúfar denunció al expresidente por delincuencia organizada. Cómo se manejó la deuda abona en su tesis.
Un mes y cinco días después de su denuncia contra Rafael Correa por delincuencia organizada ¿la indagación ya está abierta?
No está abierta. Pero debe abrirse porque es parte de la sentencia a Jorge Glas del 13 de diciembre, pues a petición mía el Tribunal determinó que Fiscalía abra otras investigaciones derivadas del juicio por asociación ilícita, entre ellas por el delito de delincuencia organizada.
¿Usted identifica una intencionalidad positiva en los casos que denuncia?
Hubo un grupo que desde antes de que Correa llegara al poder se organizó para generar un proyecto político-económico que pasaba por lo que podríamos denominar el control del botín económico del Estado. El Fondo de Solidaridad guardaba el tesoro del Estado y es Jorge Glas quien lo ocupa. Esa institución deriva poco a poco en los Sectores Estratégicos. Pero como era tan difícil hacerlo directamente, lo hicieron a través de la Asamblea Constituyente.
¿Hubo intencionalidad o la corrupción es consecuencia de un manejo discrecional de los recursos?
Absolutamente intencional. Antes de que Correa llegue al poder, como ministro de Finanzas ya entra en contacto con Odebrecht para el proyecto Toachi-Pilatón. Incluso Fabricio Correa dijo que se hizo una gran amistad con Marcelo Odebrecht. Luego Correa premia a Odebrecht por terminar antes la hidroeléctrica San Francisco. Después supuestamente le expulsan, pero lo único que se hizo fue impedir la posibilidad de contratación. Y luego le hacen regresar. Entre tanto ya habían articulado los Sectores Estratégicos y allí comienza el endeudamiento, las preventas petroleras, el cambio de matriz productiva.
¿Cómo sintoniza el manejo de la deuda con el esquema delictual que Usted denuncia?
Refleja un modus operandi. Se cambian las leyes de finanzas públicas por el Código de Planificación y Finanzas Públicas y luego se cambia este código por decretos, en un contexto de falta de transparencia y discrecionalidad de las autoridades. Supongamos que Correa no sabía, porque estaba dedicado a temas macro. Sin embargo, se generaron condiciones para que ocurran ciertos delitos.
Correa firmó decretos clave como el 466, el 489, el 1218…
Por eso hay que trabajar sobre delincuencia organizada estatal. Pongo el ejemplo de Fujimori en Perú para ilustrar cómo se determina la autoría. Él fue acusado de autor mediato de asesinato, dentro de un esquema de delincuencia organizada estatal, por la Cantuta y Chavín de Huantar.
¿Por su responsabilidad política frente a esas operaciones de seguridad?
No. Por haber cambiado la normativa de seguridad para tener esa discrecionalidad en la lucha contra la subversión. Por su discurso de intransigencia a pretexto del combate contra el terrorismo.
Y por haber nombrado a personas de absoluta confianza para organizar esa estructura de represión. Por eso, volviendo sobre Correa: él nombra a Jorge Glas, él cambia el marco normativo, él firma los decretos, él hace que el país contrate deuda con China. Él está generando el contexto para ser el cabecilla de una organización delincuencial estatal.
¿El expresidente Rafael Correa creó un ‘paraestado’?
Creó un Estado delincuencial. Esa es la figura. Él creó una organización delincuencial estatal. Porque se creó esta organización para cometer otros delitos.
¿Cuántas indagaciones debieran abrirse entonces?
Solo en el manejo de la deuda hay falsedad ideológica y alteración de documentos, dos delitos vinculados con delincuencia organizada. Luego ves peculado, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo. Por ello tiene que aplicarse el art. 20 del Código Penal para determinar la concurrencia real de infracciones. Todos estos delitos deben ser juzgados en un solo proceso con la máxima pena de 40 años.
¿Se traicionó el espíritu republicano de Ecuador?
La afectación económica es de miles de millones de dólares. Pero el fraude político no tiene precio. Haber hecho de un proyecto político un proyecto delincuencial implica una traición a la confianza y legitimidad del sistema democrático. (IFP)