El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, recordó que la sanción impuesta a cuatro agentes fiscales se realiza en el marco de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen las competencias del Pleno del CJ de investigar y sancionar las inconductas de los servidores judiciales en funciones.
El caso de la suspensión de 30 días sin remuneración, impuesta a la fiscal Mayra Soria, se basa en un informe técnico que determina que la funcionaria “excedió los términos previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el impulso de la investigación previa” de un caso de abuso sexual en el sistema educativo, indica un comunicado del CJ.
La denuncia por abuso sexual fue presentada en 2013, y en diciembre de 2017 (tres años cinco meses después) se ordenaron las primeras diligencias y pericias del caso. En noviembre de 2017, el Ministerio de Educación presentó una queja ante el CJ y pidió sanciones por la demora en el trámite.
En mayo de 2018, el abogado Pablo Martínez Erazo, exdirector provincial de Pichincha, recomendó la suspensión por 30 días, informe que fue acogido en noviembre del mismo año por la Dirección General del CJ y conocido finalmente el 23 de enero de 2019 por el Pleno del CJ.