Son agentes de la AMT, que son parte de la caravana presidencial. Tres de ellos son investigados por supuesta delincuencia organizada.
A la complicada situación financiera de la capital y los escándalos alrededor de la adquisición de pruebas diagnósticas para el Covid-19, se suma la investigación que Fiscalía mantiene sobre tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), por supuesta delincuencia organizada en la compra de insumos médicos.
El caso involucra también al expresidente Abdalá Bucaram, a quien la jueza dictó arresto domiciliario. Mientras que para los tres agentes de tránsito: Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R., ordenó prisión preventiva.
Del bolsillo de los quiteños
Los funcionarios investigados pertenecían al Grupo X de la AMT, encargado de escoltar la caravana presidencial por las calles de Quito.
El director de la institución, Juan Manuel Aguirre, detalló que el grupo lo conforman 18 agentes con experiencia en el manejo de motocicletas, “que les permite ser parte de la seguridad del Presidente, Vicepresidente o de la Primera Dama”.
Se presume, según Fiscalía, que los agentes habrían aprovechado su vinculación con la escolta presidencial, entre 2017 y 2018, para relacionarse con los dos ciudadanos israelitas que fueron detenidos por hacerse pasar como agentes de la DEA. Uno de ellos fue asesinado en la cárcel del litoral, semanas más tarde.
Con estos precedentes, los concejales Mario Granda, Luis Reina, Mónica Sandoval y Fernando Morales exhortaron, durante la sesión del Concejo Metropolitano del martes, que la AMT suspenda el servicio de escolta a la caravana presidencial.
Argumentaron que el servicio de los agentes del grupo se realiza con bienes del Municipio, “entidad que también paga sus salarios”, dijo Sandoval. Por lo que el concejal señaló que se debería terminar el convenio que entre la Presidencia y la AMT.
Cuestionamientos
Morales acotó que el Municipio capitalino enfrenta una crisis económica por el dinero que les adeuda el gobierno central y la falta de recaudación tributaria. Por lo que recomendó “cuidar los recursos de la institución”.
El concejal Bernardo Abad, quien pidió la comparecencia de Aguirre, cuestionó el proceso de selección de los agentes que conforman la escolta. “Por qué no fueron rotados (…) Si usted dice que no tenían libre albedrío, cómo la Fiscalía y las pruebas determinan que estos señores estaban protegiendo a dos sujetos que hoy están acusados (israelitas), uno de ellos fallecido”.
Abad también indicó que deberían tomar ‘pruebas de confianza’ a todos los agentes, como pasa en otras instituciones como en Bomberos de Quito.
Colaboración
Sobre las investigaciones, tanto el Concejo como la AMT han señalado que colaborarán con Fiscalía, pero que es esa institución la encargada de juzgar el delito. “Este es uno más de los acontecimientos bochornosos (en el Municipio)”, agregó Morales.
Para tomar decisiones, dijo Aguirre, deberán tener acercamientos con la presidencia.
Comité Anticorrupción
Aguirre llegó hasta el Concejo para exponer las acciones que se desarrollan en la institución, “para erradicar la corrupción y fomentar una cultura de honestidad y respeto”, dijo.
24 comisiones de administración disciplinaria se realizaron desde octubre de 2019.En su intervención, el Director informó que de los 18 funcionarios motorizados que integran el Servicio de Protección Presidencial, dos registran expedientes administrativos por impedir el desarrollo de un procedimiento de tránsito y por abuso de poder.
Aguirre detalló que entre las acciones emprendidas para erradicar están la creación del Comité Anticorrupción, para conocer “el uso y abuso del uniforme”, así como capacitaciones y campañas internas para fomentar hábitos y una cultura de honestidad en los agentes civiles de tránsito y fiscalizadores. (AVV)