Sepa que mientras lee este texto, Joffre Antonio Chila seguramente ya habrá salido de la habitación de menos de 30 metros cuadrados que comparte con su esposa y cuatro de sus seis hijos. Sepa que, a pesar de que ayer estuvo en Quito denunciando los abusos que Furukawa ha cometido contra él y cientos de personas más, hoy ha vuelto a Santo Domingo para recolectar la fibra de abacá que le venderá a la misma empresa, no puede entregársela a otra.
Esa es su realidad desde los nueve años, ahora tiene 39 y las manos hinchadas y llenas de cortes. Él no es el único, lo ha comprobado un informe de la Defensoría del Pueblo, sustentado en tres visitas a las haciendas que están registradas a nombre de Furukawa Plantaciones C.A., una empresa que llegó a Ecuador en 1963.
Resultados como salarios inferiores a los 200 dólares, condiciones indignas de vida, trabajo infantil, enfermedades laborales e, incluso, impedimentos para su inscripción en el Registro Civil, han hecho que la Defensoría emita ocho recomendaciones urgentes a instituciones del Estado.
Exhortos
Las exigencias del informe van enfocadas no solo a la restitución de los derechos de los extrabajadores que han sido expulsados de las tierras en las que laboraban, sino a la actuación inmediata para defender a quienes aún dependen de la empresa.
Gina Benavides, defensora del pueblo, explicó que la entidad a la que representa hará seguimiento del caso para que las diferentes carteras de Estado respondan en el plazo de ocho o diez días sobre las acciones que tomarán. Además, comentó que hasta ahora la investigación se ha hecho de forma coordinada y que muchas de ellas ya conocen la situación.
Así, será la Secretaría Nacional de Gestión de la Política la encargada de coordinar con todas las Instituciones del Estado la intervención inmediata Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador.
EL DATO
La fibra de abacá sirve para hacer bolsas de té y fibra de vidrio. Se exporta a Japón, Reino Unido, España, Alemania y otros países.Por los presuntos delitos que pudiera haber cometido la empresa, se ha pedido también a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones.
Con respecto a la falta de datos concretos sobre el número de personas que estarían afectadas por la empresa, se ha dicho que son entre 230 y 450 personas. Esa situación también ha llevado a que se pida a los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud Pública y de Educación, así como a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación que levante datos de forma urgente.
El adjunto de Derechos Humanos y Naturaleza, Francisco Hurtado, dijo que a pesar de que no se tengan porcentajes, por ejemplo, de cuántos niños están trabajando en las plantaciones, se ha comprobado que existe esa vulneración de Derechos al igual que tercerización y explotación.
Expectativa
Era 2003 cuando a Susana Quiñonez y a su familia los echaron de la hacienda en la que vivían. Ese día hubo disparos, insultos, amenazas. A sus patrones no les importó que su hija estuviera embarazada ni que ella hubiera trabajado desde 1987. ¿Qué quisiera como reparación? “Algo de tierra para poder trabajar”.
Escuchar las peticiones de los extrabajadores fue lo que recomendó Benavides y lo que se ha pedido al Ministerio de Agricultura y Ganadería es que analice la posibilidad de coordinar acciones con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida para que se desarrollen planes de vivienda social y que se aplique el art. 103 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en la que se determina que las relaciones de trabajo precarias son una causa de expropiación.
EL DATO
Furukawa Plantaciones C.A. tiene más de 2 mil hectáreas entre Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas.Así, también se ha pedido al Ministerio de Trabajo para que “realice todas las acciones administrativas oportunas para poner fin a estas condiciones de trabajo a la que están sometidos los habitantes de las haciendas de Furukawa, a reparar sus derechos laborales que la empresa, de manera reiterada ha negado”.
Este medio se contactó con la asistente del administrador de Furukawa en el país, Marcelo Almeida, quien indicó que la información tenía que solicitarse vía correo electrónico. Se consultó a través de ese medio, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió ninguna respuesta.
Sin embargo, en una entrevista que concedió para un reportaje de ‘Plan V’ y ‘La Barra Espaciadora’, Almeida reconoció que la empresa solo tiene 198 empleados legales y que no recuerda que se haya adquirido alguna vez ropa de trabajo ni implementos de seguridad industrial. (PCV)
¿Servidumbre o esclavitud?
° En el informe de la Defensoría del Pueblo se ha establecido una relación del caso con lo determinado por convenciones internacionales llamado “servidumbre por gleba” que se define como: “la condición de la persona que está obligada por ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y trabajar sobre una tierra que pertence a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad de cambiar su condición”.
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