En el sector del Brinco, en Carchi (Ecuador), cientos se concentran a diario para recorrer a través del río y llegar hasta Ipiales (Colombia).
Redacción LA HORA
EFE
«Desde que comenzó el problema de la cuarentena nos fregamos y no nos queda otra que arriesgar nuestras vidas. ¡Imagínese cuántos muertos hay hasta el momento ahogados!», comenta a Efe la ecuatoriana Rosa Orbes, de 48 años, mientras carga sobre sus espaldas un bulto con mercaderías que compró en Colombia y que piensa vender en Ecuador, pasándolo por uno de los caminos ilegales de la frontera norte.
A estos pasajes, conocidos como trochas fronterizas, cientos de ecuatorianos, colombianos y venezolanos los han convertido en una vía de sustento para afrontar la falta de trabajo durante la pandemia. La manera: el contrabando.
Tocada con un sombrero azul, con el sudor en la frente de subir y bajar el cauce del Carchi, Orbes explica que no es conveniente cruzar el río crecido, pero que, aún así, no son pocos los que lo intentan. «El día que no cruzamos, no comemos».
La mujer hace a pie todos los días el mismo recorrido de ida y vuelta, de unas ocho o nueve horas, para ganarse hasta 20 dólares, al igual que la colombiana Lorena Erazo, quien, con su padre y hermana, suelen pasar bombonas de gas por el sector del Brinco, al norte de la ciudad fronteriza de Tulcán.
«Nos toca madrugar, arriesgarnos, cruzar los ríos. A más de eso la gente nos cobra peajes y a veces los soldados abajo no nos dejan pasar y nos amenazan con quitarnos la poquita mercancía», explica Erazo, una madre soltera que vive de la diferencia de precios del gas entre mercados colombianos y ecuatorianos.
Por ejemplo, el subsidiado tanque de gas en Ecuador se compra a 2,25 dólares, pero se puede vender en Colombia hasta en 6, a veces más, dependiendo de la demanda. Con los otros dos que lleva Erazo con su padre y hermana pueden ganar al día unos 12 dólares.
En balsa y a caballo
En una de las trochas, un hombre de contextura delgada ha cerrado el paso a su propiedad para poder cobrar 1.000 pesos (unos 0,26 centavos de dólar) y permitir que estos comerciantes informales, en número cada vez más creciente, atraviesen su parcela.
«Desde que empezó la epidemia, al no haber trabajo, toca conseguir el dinero de alguna forma. Y yo me encargó aquí de hacer pasar a la gente», declara a Efe, porque la pandemia también les ha afectado a ellos y ese pequeño cobro les permite subsistir.
Sin revelar su identidad, menciona que el cierre en marzo de la frontera entre los dos países ha disparado el comercio irregular de un lado al otro, en el que también participan migrantes venezolanos.
Precisamente estos viajeros son también los operarios de una pequeña balsa artesanal, un pedazo de madera amarrado a dos neumáticos, para pasar de un lado al otro de forma más segura y evitar así los riesgos de las crecidas.
Una parte también hace el recorrido a caballo para trasladar la mercancía, y si «al principio de la pandemia eran 30 caballos, ahora son 160», destaca el hombre. Por carga cobran «unos 25.000 o 30.000 pesos» (6,50 u 8 dólares), pero hay también quienes trabajan a «contrato mensual».
Además del riesgo del terreno, también hay asaltantes en un camino que por carretera es de apenas unos 11 kilómetros, pero que por trocha cuenta hasta con peajes indiscriminados que imponen los propietarios de terrenos que deben cruzar.
La situación por la pandemia está tan deteriorada que por esos caminos Orbes, Erazo y otros cientos como ellas están dispuestos cruzar hasta un río que en las últimas dos semanas se ha cobrado la vida de al menos cuatro de ellos.
Vigilan militares, pero no la Aduana
El contrabando es uno de los principales problemas de la economía ecuatoriana, donde más de la mitad de los cigarrillos comercializados entran sin control y sus subsidiados combustibles acaban en Colombia o Perú.
Las pérdidas estimadas por el Gobierno se calculan en entre 500 y 700 millones de dólares, solo en tasas de aduana y gravámenes especiales de productos como cigarrillo o alcohol, pero puede ser mucho más alto.
«Va desde las cebollas, hasta la gasolina», dijo en enero la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un foro sobre el tema.
En la frontera con Colombia, el cruce por los pasos irregulares, que en los últimos años han sido usados masivamente por la migración venezolana, se encuentra bajo jurisdicción del Ejército pero no hay vigilancia aduanera.
Los soldados no tienen la competencia de decomisar productos de primera necesidad, aunque sí revisan a los transeúntes en busca de drogas o armas.
Hace un par de meses, uno de los casos más sonados fue el de un hombre al que le incautaron ocho lingotes de oro y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
«Nuestra misión es el control de armas, munición, explosivos y sustancias ilegales como drogas», argumentó el coronel Lenin López, jefe de Estado Mayor de la Brigada Andes, para quien controlar estos pasos es una tarea imposible, los cruces son incontables y cambian de ubicación día tras día.
«Uno corre el peligro de morir en el río todos los días. Lo único que se hace es encomendarse a dios».
Lorena Erazo
Comercia gas por pasos ilegales