Redacción QUITO
En una rueda de prensa, la asambleísta por Manabí, Karina Arteaga, rechazó la denuncia presentada por el legislador Fabricio Villamar, por una presunta gestión de cargos públicos. Calificó las afirmaciones de Villamar como «mentiras y falacias» y mostró documentos para probar que su familia ha trabajado en el sector público desde antes que ella fuera asambleísta.
Según Villamar, hay dos razones por las que se habría configurado la prohibición establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Primero, que sus excolaboradores tenían que pagar ‘diezmos’ por sus puestos, según denuncias presentadas en Fiscalía, y que tiene familiares en el sector público.
Arteaga le respondió señalando que sus familiares han ingresado a instituciones del Estado desde 1996 y que ella comenzó su periodo en la Asamblea en mayo de 2017. Además, dijo, que no existe una prohibición legal de que familiares de asambleístas trabajen en el sector público.
Su abogado, Luigi García, agregó que la denuncia de Villamar es infundada, porque la excolaboradora de Arteaga, Verónica Arteaga, nunca se ha referido a gestión de cargos públicos, y que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe desestimarla porque, además, no cumple con los requisitos legales, pues la Ley establece que debe ser juramentada.
El asambleísta Villamar prefirió no pronunciarse sobre las declaraciones de Arteaga.