Después de tres días de debate, ambas leyes fueron aprobada. Ahora se espera la revisión del Presidente.
Con 72 votos a favor y 63 en contra, la Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, también destinada a facilitar recursos para la ejecución de medidas emergentes por la pandemia del Covid-19.
La noche anterior, no se habían conseguido los votos necesarios ni para aprobarla ni para archivarla, moción que también pasó a votación. Para ser aprobada una Ley, o en su defecto, para ser archivada, se requieren 70 votos favorables. La votación se reanudó ayer sábado a las 10:00, con lo cual se aprobó la ley después de que la asambleísta Ana Belén Marín de Alianza PAIS propuso que se agregasen dos puntos al informe de la Comisión de Régimen Económico, referentes a fortalecer la autonomía de los GADs y el seguro social.
Adicionalmente, la ley establece la creación de fondos petroleros y de ahorro que permitan al país prepararse para cualquier emergencia en el futuro, y el incremento del límite de gasto del Estado al 5% sobre aquel aprobado por la Asamblea Nacional.
Ley Humanitaria, sin impuestos
El Parlamento de Ecuador aprobó este viernes la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, promovida por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, aunque sin que se requieran contribuciones de diferentes sectores.
En su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, informó de la votación que se celebró el viernes en el Pleno legislativo y aclaró que “se retiró el capítulo referente a contribuciones de distintos sectores”.
La ley aprobada ha tenido en cuenta, según añadió Litardo, «las medidas que apoyan a familias ecuatorianas en la crisis sanitaria y económica que vivimos».
Con 74 fotos a favor, 59 en contra y cuatro abstenciones, los asambleístas aprobaron la normativa mediante una votación virtual.
El presidente Lenín Moreno, había pedido el jueves a la Asamblea que eliminara del borrador de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con las contribuciones de ciudadanos y empresas, lo cual constituía un impuesto por la emergencia.
La nueva ley establece la reducción de un 10 % de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para los quintiles 1 y 2 de pobreza, y la disminución adicional del costo de la luz para los sectores productivos.
En virtud de la norma, tampoco se incrementará el precio de los servicios básicos ni podrán suspenderse estos durante la emergencia, aunque los pagos por ellos podrán ser refinanciados.
El proyecto incluyó además que, durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, y hasta 60 días después de su finalización, no se podrán ejecutar desahucios a inquilinos de bienes inmuebles.
Retirados los impuestos especiales que contenía el proyecto inicial enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, el principal punto de controversia gira al rededor de las medidas de flexibilización laboral. Sin ser específica, la ley establece que empleadores y empleados deben acordar los nuevos términos de trabajo, remuneración, jornadas y vacaciones a aplicarse durante la emergencia laboral. El viernes, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció que presentaría una acción de protección contra la ley, en caso de aprobarse los temas laborales que consideran inconstitucionales.
Ambos proyectos de ley ahora deben pasar al Presidente de la República, para su aprobación o veto, antes de promulgarse.