Ibarra, La Hora
Todo empezó el tercer trimestre del año pasado, cuando el hijo de un personaje político de la ciudad fue detenido y encerrado por varias horas en el Centro de Detención Provisional (CDP).
La moraleja de aquella detención fue que el lugar es infrahumano. Entonces, iniciaron las gestiones y en Cámara de Consejo se declaró al CDP en emergencia y como solución inmediata se decidió la reubicación.
Las conversaciones iniciaron y al parecer todos los organismos inmersos en la problemática (Gobernación, Gobierno Provincial de Imbabura – GPI y Municipio de Ibarra) parecían estar interesados. El primer tropiezo fue conocer a quién pertenece el terreno donde actualmente funciona el centro. Después de desempolvar papeles se descubrió que el terreno pertenecía al GPI y luego al Ministerio de Gobierno.
Bajo ese ámbito iniciaron las primeras gestiones y cómo decisión unánime de los interesados se resolvió que la mejor vía para reubicar el sitio, era en primer lugar la venta de la actual infraestructura y con ese dinero iniciar la nueva construcción.
El nuevo terreno quedó a manos del Municipio y la búsqueda de más presupuesto bajo responsabilidad del GPI. Esos fueron los roles que cada institución asumió. Sin embargo, hasta el momento sólo el Municipio cumplió con su parte. El terreno está ubicado en Azaya y el Municipio lo entregó en comodato para la nueva construcción.
No hay dinero extra
Hilda Herrera, concejala y quien está al tanto del problemática, dijo que las reuniones iban por buen camino, pero luego se suspendieron. La semana pasada, Herrera se reunió de forma informal con el asesor jurídico de la Gobernación, para conocer cómo avanzo la venta del actual edificio, pero sólo se acordó una reunión para la próxima semana.
Mientras tanto, se conoció que la Gobernación, quien se encargaría de ofertar el terreno actual del CDP, ya tiene un comprador. Se trata de la dirección provincial de la Contraloría del Estado, que está ubicada junto al centro. Los representantes de la Contraloría visitaron el sitio y sólo se espera el pronunciamiento del Contralor. Pero, si la entidad gubernamental no adquiere el lugar, la Gobernación no tiene otros posibles compradores.
En el GPI, que aportaría con un presupuesto extra para la nueva construcción, dicen que el dinero no existe y además responsabilizan al Municipio de ser el directo llamado a invertir en la nueva construcción. “Si hay que aportar con maquinaria lo haremos”, dijo Luis Cifuentes, director de Comunicación.
Con estos antecedentes, la reubicación del CDP todavía no está ni cerca de convertirse en realidad.
CDP
Hacinamiento
5 celdas albergan a los detenidos provisionales.
La capacidad es para 45 a 50 personas, pero habitan cerca de 80.
No existen celdas especificas para separar a los detenidos por delitos.
Los aprehendidos duermen en el piso, uno sobre otro. Incluso no existen baterías sanitarias adecuadas.
La infraestructura se cae por pedazos.
En varias ocasiones, el hacinamiento hizo que los aprehendidos entren en desesperación y adopten medidas violentas.